El próximo 28 de febrero tendrá lugar el juicio de extradición contra el líder mapuche Facundo Jones Huala en el Gimnasio Municipal 3 (Santiago de Chile y Bailley Willys) de la localidad de San Carlos de Bariloche desde las 8,30 de la mañana. Y, si bien el edificio donde se llevará a cabo tiene capacidad para más de 1500 personas, el Juez Federal Subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva decidió que solamente permitirá el acceso de siete medios y/o trabajadores de prensa.
Para la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro, este juez abusa completamente de su autoridad y viola escandalosamente el acceso a la información pública. Así lo dejó en claro, Rodolfo Aguiar, el Secretario General de la Central Sindical al manifestar: “En un Estado de Derecho fortalecido esto no podría pasar jamás. Un Juez Federal no puede ser el primero en violar las leyes y atacar los Derechos Humanos. Villanueva nos da vergüenza ajena a los ciudadanos y debe decirnos qué es lo que intenta esconder. De otra manera no se explica por qué quieren elegir a dedo solo a siete periodistas para que ingresen a las audiencias».
Sobran fundamentos para estas conjeturas del líder sindical. Es que, sin duda alguna, en un juicio de tales características y de importancia internacional, quecontará con un recinto desbordante de militantes y rodeado por un duro y desafiante operativo de seguridad, las intenciones del juez no pueden ser otras que las de ocultar algo o todo.
Tal como señala el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina (Sitrapen), la decisión de acotar el número de medios y periodistas con posibilidad de acreditarse para la cobertura, contraría manifiestamente al derecho humano al trabajo, al libre acceso a la información (Pacto de San José de Costa Rica) y el derecho al acceso a la información pública (Ley 27275).
En tal sentido, desde la Central Obrera se exhorta a Villanueva a rever tal decisión, ya que la defensa de la democracia amerita que todas las actuaciones vigentes por este caso sean ampliamente difundidas, debido al alto interés público.
Para la Central es escandaloso que un juez se arrogue la potestad de discriminar, bajo criterios totalmente subjetivos, entre unos y otros periodistas para cubrir un juicio. No se tiene en la memoria tal acción en toda la vida democrática argentina.
