Una vez conocida públicamente la resolución firmada por el Procurador General de la Provincia, Jorge Crespo mediante la que se instrumenta un protocolo de actuación frente a la violencia institucional, desde la Central de Trabajadores/as de la Argentina (CTA) Autónoma se destacó la misma por considerar que busca perseguir y poner límites esencialmente a los numerosos delitos cometidos por la Policía en el ejercicio de sus funciones. La novedad llegó hasta Ginebra (Suiza), donde Rodolfo Aguiar se encontraba -junto a referentes de la Central Obrera y de la Confederación de Trabajadores/as Estatales de América Latina y el Caribe (CLATE), se encontraban participando de la 107 Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) .
«Cuando uno se refiere al universo de fiscales de la Justicia rionegrina no puede realizar generalizaciones, pero si puede afirmar que un gran número de ellos no mide con la misma vara a la hora de perseguir o investigar las conductas presuntamente delictivas de los trabajadores y pobres y de la policía o los funcionarios políticos. Tenemos que destacar este nuevo Protocolo de la Procuraduría General porque es un avance y un intento de poner freno a la violencia institucional», manifestó desde la reunión de la OIT en Ginebra, el Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar.
Para la Central Sindical, la medida aborda un tema altamente demandado por la sociedad rionegrina desde hace años y que se vincula a la impunidad con la que suelen actuar, al margen de la ley, los funcionarios públicos y principalmente los integrantes de las fuerzas policiales.
La Central Obrera considera que una importante cantidad de fiscales en la provincia no miden con la misma vara, ni persiguen con igual intensidad a los ciudadanos civiles, a la policía y a los funcionarios públicos.
La CTA ha realizado un seguimiento de los casos en los que son investigadas las probables conductas contrarias a la ley de dirigentes sindicales, trabajadores y pobres, verificando que en esos procesos las fiscalías demuestran un ánimo persecutorio que va más allá del permitido por las normas vigentes, mientras que a la hora de perseguir los delitos y abusos cometidos por los policías, se evidencia falta de voluntad para llevar adelante las investigaciones, nula actividad para individualizar responsables y menos aún procurar el castigo de los mismos.
Son esencialmente dos los factores en los que se basa la selectividad del sistema penal en la provincia y por consiguiente la aplicación discriminatoria de las leyes. Por un lado, la naturalización por parte de numerosos funcionarios judiciales de los abusos, vejaciones, apremios ilegales y torturas cometidas por la fuerza policial y por el otro, el temor y miedo de investigar a personas investidas de poder político o emanado de las fuerzas de seguridad.
«Cuando uno se refiere al universo de fiscales de la Justicia rionegrina no puede realizar generalizaciones, pero si puede afirmar que un gran número de ellos no mide con la misma vara a la hora de perseguir o investigar las conductas presuntamente delictivas de los trabajadores y pobres y de la policía o los funcionarios políticos. Tenemos que destacar este nuevo Protocolo de la Procuraduría General porque es un avance y un intento de poner freno a la violencia institucional», manifestó desde la reunión de la OIT en Ginebra, el Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar.
Para la Central Sindical, la medida aborda un tema altamente demandado por la sociedad rionegrina desde hace años y que se vincula a la impunidad con la que suelen actuar, al margen de la ley, los funcionarios públicos y principalmente los integrantes de las fuerzas policiales.
La Central Obrera considera que una importante cantidad de fiscales en la provincia no miden con la misma vara, ni persiguen con igual intensidad a los ciudadanos civiles, a la policía y a los funcionarios públicos.
La CTA ha realizado un seguimiento de los casos en los que son investigadas las probables conductas contrarias a la ley de dirigentes sindicales, trabajadores y pobres, verificando que en esos procesos las fiscalías demuestran un ánimo persecutorio que va más allá del permitido por las normas vigentes, mientras que a la hora de perseguir los delitos y abusos cometidos por los policías, se evidencia falta de voluntad para llevar adelante las investigaciones, nula actividad para individualizar responsables y menos aún procurar el castigo de los mismos.
Son esencialmente dos los factores en los que se basa la selectividad del sistema penal en la provincia y por consiguiente la aplicación discriminatoria de las leyes. Por un lado, la naturalización por parte de numerosos funcionarios judiciales de los abusos, vejaciones, apremios ilegales y torturas cometidas por la fuerza policial y por el otro, el temor y miedo de investigar a personas investidas de poder político o emanado de las fuerzas de seguridad.
