En uno de los mayores avances logrados para poner límites a la criminalización de la protesta social en la provincia, el Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, junto a otros 14 dirigentes sindicales y sociales -dentro de los que se encontraban los secretarios generales Federico Gabarra de la seccional Alto Valle Este y Rosa Ñanco de Villa Regina- logró evitar todos los juicios federales que tenía pendientes por la imputación de más de 30 supuestos delitos cometidos desde el año 2016. Se lo responsabilizaba por la toma de pozos de gas y petróleo, cortes de ruta, usurpación, privación ilegítima de la libertad, daños, ocupación de edificios públicos y lesiones, entre otros
El Juez Federal Hugo Grecia ratificó el acuerdo de Suspensión de Elevación a Juicio al que arribaron la Fiscalía a cargo de Alejandro Moldes, las diferentes querellas, que en su mayoría representaban a la empresa YPF y a organismos nacionales como SENASA, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Policía Federal, con la defensa penal de Aguiar ejercida por la abogada Ailen Roca.
Se acumularon más de 30 hechos y el entendimiento comprendió los Expedientes 19825/16, 4631/17, 2140/18, 476/18, 6446/18, 1464/18, 15815/16 y 8838/16 en los que se imputaba a los sindicalistas los delitos de cortes de ruta, toma de pozos de gas y petróleo, usurpación, lesiones, privación ilegítima de la libertad, daños, resistencia y atentado a la autoridad y ocupación de edificios públicos nacionales, entre otros.
El acta rubricada entre las partes estipula una reparación económica simbólica destinada como una donación a una Institución de Bien Público, que en este caso será de 250.000 pesos al Hospital Francisco López Lima de la ciudad de General Roca y otras sumas menores destinadas a algunos damnificados.
Por último, el Juzgado Federal actuante impuso a los dirigentes el cumplimiento de algunas pautas de conductas, referidas esencialmente a lo no comisión de delitos en la jurisdicción de la ciudad, ni avalar por ningún medio conductas que se consideren violatorias de la ley.
