El secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, se manifestó en relación a la decisión del Gobierno de absorber en 30 cuotas a partir de enero la diferencia producida por la suba del dólar en el contrato firmado con productoras y distribuidoras de gas, para que no recaiga en los usuarios.
“La marcha atrás es solo un primer paso, porque quien pagará esos 10 mil millones de pesos es el Estado, que somos todos”, expresó Rodolfo Aguiar.
La medida adoptada por el Ejecutivo nacional es consecuencia del rechazo de distintos sectores de la sociedad al decreto del secretario de Energía, Javier Iguacel. La CTA Autónoma de Río Negro, por ejemplo, convocó a una resistencia cívica.
“No hay movilización, iniciativa legislativa ni pedido de diálogo que el gobierno oiga. Los trabajadores no podemos esperar a diciembre de 2019 para torcer el rumbo. Hay que construir una resistencia cívica a los aumentos de gas”, había expresado el secretario general de la central obrera.
Para Aguiar, el Gobierno buscó que los usuarios asumieran el monto que las distribuidoras adeudarían a productoras. Aquellas compraron gas a un dólar a 20,55, que es el precio establecido en los contratos vigentes entre abril y septiembre. Ante semejante posibilidad de maximizar su renta, las productoras ejercieron presión. Y junto a las distribuidoras recurrieron al Gobierno con el andamiaje legal creado en años de convertibilidad, para que esa ganancia la paguen lo usuarios.
La idea de constituir un frente de organizaciones sindicales, sociales, políticas y de consumidores no se desvanece ante la decisión adoptada en Casa Rosada. Por el contrario, la CTA Autónoma de Río Negro alienta la constitución de un espacio que despliegue con decisión medidas tendientes a impedir que el Estado argentino pague los costos de un defasaje del capital. Evitar este y futuros abusos.
“La marcha atrás es solo un primer paso, porque quien pagará esos 10 mil millones de pesos es el Estado, que somos todos”, expresó Rodolfo Aguiar.
La medida adoptada por el Ejecutivo nacional es consecuencia del rechazo de distintos sectores de la sociedad al decreto del secretario de Energía, Javier Iguacel. La CTA Autónoma de Río Negro, por ejemplo, convocó a una resistencia cívica.
“No hay movilización, iniciativa legislativa ni pedido de diálogo que el gobierno oiga. Los trabajadores no podemos esperar a diciembre de 2019 para torcer el rumbo. Hay que construir una resistencia cívica a los aumentos de gas”, había expresado el secretario general de la central obrera.
Para Aguiar, el Gobierno buscó que los usuarios asumieran el monto que las distribuidoras adeudarían a productoras. Aquellas compraron gas a un dólar a 20,55, que es el precio establecido en los contratos vigentes entre abril y septiembre. Ante semejante posibilidad de maximizar su renta, las productoras ejercieron presión. Y junto a las distribuidoras recurrieron al Gobierno con el andamiaje legal creado en años de convertibilidad, para que esa ganancia la paguen lo usuarios.
La idea de constituir un frente de organizaciones sindicales, sociales, políticas y de consumidores no se desvanece ante la decisión adoptada en Casa Rosada. Por el contrario, la CTA Autónoma de Río Negro alienta la constitución de un espacio que despliegue con decisión medidas tendientes a impedir que el Estado argentino pague los costos de un defasaje del capital. Evitar este y futuros abusos.
