Luego que el Poder Ejecutivo de la ciudad de General Roca decidiera otorgar, con el incomprensible aval de algunos gremios, un aumento salarial a las categorías más bajas y absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de los empleados municipales; la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió preparar acciones judiciales y gremiales para llevar adelante durante la próxima semana.
En relación a la firma de la suba salarial el dirigente rionegrino manifestó: «Este aumento no sólo no alcanza para nada en un año donde la inflación va a llegar casi a los 50 puntos, sino que afecta gravemente la calidad de los ingresos de los empleados. A partir de ahora, el municipio incremento en más de un 60% los montos no remunerativos que percibía todo el recurso humano, llevando de $1.900 a más de $3.200 las sumas en negro».
«Con que autoridad puede exigir un Estado municipal a los vecinos, comerciantes y otros contribuyentes que cumplan con sus obligaciones, si es el primero que las incumple. Siempre es el Estado el que debe dar el ejemplo», finalizó energicamente Aguiar.
Desde ATE se analizan varios aspectos políticos y jurídicos en relación al rechazo categórico sobre el ultimo aumento salarial otorgado por la Municipalidad. En primer lugar, se trata de una baja de salarios para este 2016, ya que se acordó un incremento del 15%; lo que genera un anual total apenas por encima del 30%, mientras la inflación proyectada al mes de diciembre se ubicará entre los 45 y 50 puntos. En segundo lugar, se trata de un aumento escalonado en tramos; cuyas cuotas resultan ínfimas de un 5% (julio, septiembre y diciembre) y que terminan directamente sin tener impacto real en el bolsillo de los trabajadores.
Para la entidad sindical además, se trata de un aumento ilegal, toda vez que está prohibido por las leyes que los Estados otorguen aumentos bajo conceptos no remunerativos; y en este caso se fijaron montos de $1.000 y $1.200 totalmente en esa modalidad.
El gremio señala que ya existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y del propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, aún con su actual conformación de jueces, prohibiendo ese tipo de incrementos a las comunas.
Responsabilidad de la Secretaría de Trabajo de la provincia.
El sindicato quiere que sea investigada también la responsabilidad de la Secretaría de Trabajo de la provincia y sus representantes en la Delegación local, ya que según la Ley 3.803 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, su intervención debe ser siempre en favor y defensa de los intereses de los trabajadores, y bajo esta premisa jurídica, nunca la cartera laboral debió haber avalado y homologado un acuerdo de las características señaladas.
