«Es tan evidente Puntel que manifestó públicamente en la audiencia que lo único que le interesa es perseguir a Aguiar. Para que todos tengan claro el nivel de alevosía con el que actúa este funcionario, hay que saber que fue quien en esta causa sobreseyó a otros tres imputados a los que se los acusaba de una mayor cantidad y mas graves delitos que a mi. Debemos ser los únicos en todo el sistema a los que se nos intenta aplicar una ley o instrucción de manera retroactiva o análoga, sabiendo que esto está absolutamente prohibido. Se ha violado sistemáticamente nuestro derecho de defensa. Nos cambian todos los días los hechos imputados», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTAAutónoma de Río Negro.
Es que sin ningún tipo de sustento jurídico y violando el derecho de defensa la justicia rionegrina intenta llevar a juicio al referido dirigente que participó de las manifestaciones que se realizaron el día que se aprobaba el mega-endeudamiento del Plan Castello.
La persecución criminal a Aguiar es tan evidente que se incurren en actos ilegales y prácticas inconstitucionales como la aplicación de normas o instrucciones de manera retroactiva y análoga, a pesar que esto está absolutamente prohibido en materia penal, se incorporan nuevos querellantes cuando los plazos para tales fines han vencido y se llegó a sobreseer en la misma causa por aplicación del principio de oportunidad a otros imputados a los que se los acusaba de delitos más graves que al dirigente estatal.
El ánimo persecutorio que muestra Puntel excede las leyes y se manifiesta sin dejar lugar a dudas, cuando pretende seguir imputando a Aguiar las acciones cometidas por anteriores procesados que en la actualidad ya han sido sobreseídos.
El poder judicial de Río Negro intenta aplicar un derecho penal de autor y no de actos, ya que se lo está juzgando a Aguiar por los cargos que ocupa y las funciones que desempeña al frente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, bajo la clara finalidad de producir un disciplinamiento, criminalizar la protesta social y acallar la voz de los trabajadores que decidan reclamar por sus derechos.
Por último, desde el sindicato de los estatales se señaló que a esta altura el proceso es vergonzoso y las irregularidades contenidas en él parecieran no tener fin.
