La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifiesta su rechazo al accionar del Concejo Deliberante de la ciudad de General Roca, ya que se dispone a avalar, durante esta jornada; el aumento salarial otorgado por el Poder Ejecutivo de la municipalidad a más de 1.200 trabajadores de la comuna en el ámbito de la Delegación de la Secretaría de Trabajo, a sabiendas de su insuficiencia e ilegalidad.
El Ejecutivo Local remitió al Deliberante la Resolución 1295/16 que establece las nuevas pautas salariales aplicables a los empleados de la ciudad, bajo la finalidad que los representantes del Poder Legislativo la aprueben rápidamente. Esto bajo la creencia que ese tratamiento legal le dará una mayor tranquilidad en el aspecto jurídico.
La sesión esta prevista para las 10 horas de la mañana de éste miércoles y se espera sea un trámite rápido.
«La mayoría de los ediles locales muestran una gran contradicción, si se tiene en consideración que critican al Gobierno Provincial, pero no se diferencian en nada a la hora de otorgar aumentos en «negro» a los trabajadores», subrayó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro. «Esto nos hace pensar, que a pesar que los partidos que gobiernan a veces son distintos, a la hora de precarizar a los trabajadores actúan igual», finalizó el dirigente rionegrino.
Para ATE, en el caso que resulte rubricado el incremento salarial por el cuerpo legislativo; no cambia en nada su carácter ilegal -ya que su invalidez jurídica no puede ser subsanada por acuerdo de partes- ni mucho menos por homologación estatal de ninguna instancia.
Los ediles locales que presten su aval al aumento mostrarán una fuerte contradicción política: son reconocidas las numerosas críticas esgrimidas por ellos a otros gobiernos, y centralmente al provincial; pero terminan actuando de la misma manera, perjudicando a los trabajadores y a la comunidad toda actuando para producir desfinanciamiento del sistema de seguridad social.
Se trata de concejales que elaboran y votan ordenanzas para exigir a las vecinas y vecinos de la comuna que cumplan con determinadas obligaciones. Sin embargo permiten que, cuando se trata de la Intendencia, se puedan violentar todas las normas y se garantice su impunidad.
El Concejo Deliberante, por su naturaleza, no puede tratar en su seno resoluciones que contradigan la propia Constitución Nacional y que expongan a la comuna a futuros juicios; teniendo en cuenta que el costo de los mismos no será pagado por los funcionarios públicos, sino por todos los contribuyentes.