Es que la resolución 2019-225 publicada por PAMI el viernes 1° de febrero dispuso el cierre de 10 dependencias de la obra social de los jubilados, ubicadas en Piñeyro, Quequén, San Agustín, Dolavon, La Puerta, Juan Manuel de Rosas, Santa Lucía, Nonogasta, en Neuquén y en Puerto General San Martín.
Miles de jubilados deberán ahora trasladarse a otras dependencias para realizar todos sus trámites, situación que genera grandes dificultades y nuevos gastos imposibles de afrontar, además de desguazar una herramienta fundamental del Estado que debería garantizar derechos esenciales.
Con argumentos como “optimizar el uso de los recursos institucionales” o “alcanzar la eficacia y eficiencia”, lo cierto es que el gobierno sigue desplegando un brutal ajuste en todo el territorio, nuevamente sobre los eslabones más débiles y los sectores más necesitados.
“El gobierno sigue descargando penurias sobre nuestros adultos mayores, cuando lo que debería hacer es garantizarles derechos después de toda una vida de aportes al Estado”, señaló Rodrigo Vicente coordinador de organismo nacionales de ATE.
El dirigente destacó que el Sindicato no va a permitir esta avanzada sobre un segmento de la población que ya no sabe cómo seguir adelante frente a la suma de recortes y expresó preocupación porque el quite de cobertura médica y social a jubilados llegue también a la Región.
“Estamos en estado de alerta para frenar estas decisiones que solo continúan con el desamparo. En un marco inflación y aumento contante de tarifas en todos los servicios, se recortan salarios, prestaciones, medicamentos, y ahora directamente el acceso a oficinas donde miles de jubilados llevaban adelante sus trámites», concluyó.
Es así que desde el sindicato se repudió la política que lleva adelante el gobierno nacional y se llamó a frenar esta avanzada con lucha y unidad en las calles.
