Impulsada por Asociación de Acompañantes Terapéuticos Unidos para Acompañarte (AATUA) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, la ley 5314 fue aprobada en junio pasado por unanimidad de la Legislatura y permitió matricular y ejercer a todos los trabajadores acompañantes terapéuticos formados en instituciones oficiales o no.
Sin embargo, aún restaba reglamentar esa legislación para que pueda implementarse con definiciones y normas claras en toda la provincia, y considerando que se debe promover, preservar y proteger la salud, seguridad y bienestar de la población por medio del control y regulación efectiva de la práctica de la profesión del Acompañante Terapéutico.
“En lo concreto este decreto significa el saneamiento definitivo y el cese de la situación de irregularidad, marginación y exclusión en la que se encentraban las y los trabajadores de AT rionegrinos desde el 2015; además de la posibilidad de contar con definiciones y normas claras” señaló Mariela Balmaceda, Presidente de AATUA.
Es que este reglamento establece detalladamente las condiciones exigidas para el otorgamiento de las matrículas, las condiciones de la formación y acreditación profesional.
Uno de los grandes beneficios que supone es la exigencia para los AT de contar con una formación de nivel Técnico, lo cual repercute en una mayor calidad en la prestación. Al mismo tiempo, es una normativa inclusiva ya que no deja a ningún trabajador sin la posibilidad de continuar ejerciendo, al rendir la evaluación de suficiencia coordinada por el Área de Salud Mental Comunitario.
Otro beneficio es que los AT que ya habían rendido y aprobado el examen de matriculación en instancias anteriores y no habían obtenido su matrícula profesional, podrán iniciar dicho trámite sin necesidad de realizar el examen en las próximas mesas previstas.
La Comisión Directiva de AATUA celebró este gran paso y afirmó su voluntad de continuar trabajando y apostando a profesionalizar el rol de los trabajadores y trabajadoras para generar mejores condiciones laborales, conquistar derechos y allanar el acceso de las personas usuarias a la atención integral y de calidad de su salud que resulta reconocido y garantizado por el Artículo 59 de la Constitución Provincial.
