El hecho ocurre un mes después de la apertura de sobres del 16 de abril -en el marco del concurso internacional costa afuera en áreas offshore del Mar Argentino- y adjudica dos áreas de la cuenca Malvinas austral, siete de la cuenca argentina y nueve de la cuenca Malvinas oeste por un total de 718 millones de dólares que el Estado argentino recibió en concepto de canon por acceder a estas áreas. Estos permisos de exploración se extenderían hasta en 8 años y en el mes de agosto -con el título en su haber- las empresas podrían empezar las tareas.
«Denunciamos esta la decisión irresponsable del gobierno de Mauricio Macri de poner en manos extranjeras áreas geopolíticamente claves de nuestro territorio”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro.
“Se están rifando al mejor postor nuestros recursos naturales. El proceso de extranjerización ya no es sólo de las tierras en la Patagonia, sino que ahora incluye a nuestros mares. Este gobierno deberá ser condenado por la entrega de toda la soberanía de nuestro pueblo», completó el dirigente.
La gravedad del hecho radica en varios aspectos, uno de ellos es que el decreto 872 establece en uno de sus artículos la prórroga de jurisdicción soberana para cualquier conflicto que ocurriera. Es decir, se cede soberanía jurídica ante la posibilidad de cualquier circunstancia que se tenga con este tipo de empresas una vez que fueron adjudicadas las áreas.
Otro dato no menor es que entre las ganadoras se encuentra la firma británica Tullow Oil y la noruega Equinor. La primera ya operó ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007 y la noruega tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña, que también trabajó para Tullow.
Son algunas de las irregularidades que deja ver este tratado que impacta sobre la soberanía nacional, dando, entre otros conglomerados, a capitales británicos -un actor que tiene una ocupación colonial en este país- aún más derechos a avanzar estratégicamente sobre el territorio y poniendo áreas geopolíticas claves en manos de unas pocas empresas extranjeras que son las están en condiciones de plantar plataformas submarinas de exploración petrolera sin siquiera estudios de impacto ambiental.
Vale la pena recordar que en 2016 la convención de las Naciones Unidas de Derecho del Mar se reconoció 1.782.500 kilómetros cuadrados más como parte de la plataforma continental argentina. Ahora, 38 bloques divididos en 225 mil kilómetros cuadrados de esta plataforma fueron licitados y de ellos 18 adjudicados para su exploración.
