Desde hace ocho años la conducción provincial de ATE Río Negro es blanco de una persecución judicial con escasos precedentes. En esta oportunidad, llamativamente, fue citado a declaración indagatoria un candidato a secretario general del sindicato por una pacífica protesta contra las políticas del presidente Macri hacia los jubilados.
Rodrigo Vicente, coordinador de ATE Río Negro en organismos nacionales y postulante a ocupar el cargo de secretario general provincial en las elecciones del 7 de agosto, fue llamado por la división Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal a prestar declaración indagatoria ante el juzgado federal a cargo de Hugo Greca en la ciudad de General Roca.
El magistrado, un hacedor serial de causas contra la protesta social impulsada por la conducción provincial de ATE, lo acusa de usurpar la sede de PAMI en septiembre pasado en el marco de una batucada pensada para visibilizar los embates del Gobierno Nacional sobre la política previsional.
“En ningún momento la protesta impidió la continuidad de la atención y queremos aclarar que nos llama poderosamente la atención que el ejercicio de un derecho como la protesta, garantizada en la Constitución y sobre el que no hay ley que lo regule, se criminalice de esta manera”, expresó Rodrigo Vicente.
ATE denunciaba por aquellos días el ajuste del 20% en las partidas destinadas a jubilados en el Presupuesto 2019, que aún no se había votado en el Congreso de la Nación. Reclamaba, asimismo, que los haberes no sufrieran el recorte del plus por zona austral, sobre el que finalmente Casa Rosada debió dar marcha atrás por las manifestaciones en contra. Y exigía la restitución de las prestaciones y medicamentos que perdieron los adultos mayores.
Rodrigo Vicente, coordinador de ATE Río Negro en organismos nacionales y postulante a ocupar el cargo de secretario general provincial en las elecciones del 7 de agosto, fue llamado por la división Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal a prestar declaración indagatoria ante el juzgado federal a cargo de Hugo Greca en la ciudad de General Roca.
El magistrado, un hacedor serial de causas contra la protesta social impulsada por la conducción provincial de ATE, lo acusa de usurpar la sede de PAMI en septiembre pasado en el marco de una batucada pensada para visibilizar los embates del Gobierno Nacional sobre la política previsional.
“En ningún momento la protesta impidió la continuidad de la atención y queremos aclarar que nos llama poderosamente la atención que el ejercicio de un derecho como la protesta, garantizada en la Constitución y sobre el que no hay ley que lo regule, se criminalice de esta manera”, expresó Rodrigo Vicente.
ATE denunciaba por aquellos días el ajuste del 20% en las partidas destinadas a jubilados en el Presupuesto 2019, que aún no se había votado en el Congreso de la Nación. Reclamaba, asimismo, que los haberes no sufrieran el recorte del plus por zona austral, sobre el que finalmente Casa Rosada debió dar marcha atrás por las manifestaciones en contra. Y exigía la restitución de las prestaciones y medicamentos que perdieron los adultos mayores.
