La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma repudia la orden dictada por la Cámara Federal de General Roca de liberación “bajo caución juratoria” –es decir sin ni siquiera pagar fianza- del cabo Francisco Javier Pintos, procesado por «homicidio agravado» del joven mapuche Rafael Nahuel Salvo, asesinado en noviembre de 2017. 
«Existe una justicia paralela dedicada exclusivamente a justificar e inmunizar a la clase política corrupta cuidada por los jueces y las fuerzas de seguridad cómplices y serviles, que ya no están al servicio del pueblo ni son centinelas de la patria», dijo Rodrigo Vicente, secretario gremial de la CTA Autónoma.
«El armado de causas es moneda corriente, pero la defensa de asesinos significa seguir retrocediendo en el tiempo. Las comunidades mapuches y las organizaciones que nos pronunciamos en contra de criminalización de la protesta social, debemos seguir discutiendo el estado de derecho y no bajar los brazos ante las políticas represivas de este gobierno», concluyó el dirigente.
La central obrera señala así como un disparate que la misma cámara que había corregido el fallo del Juez Federal de Bariloche, Leónidas Moldes -que procesaba a Pintos bajo la figura de “homicidio cometido en exceso de legítima defensa”- y dictando prisión preventiva por “homicidio agravado”, en menos de dos meses determina su liberación, atendiendo el reclamo del abogado de Pintos, Marcelo Hugo Rochetti, ex funcionario del ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que conduce María Eugenia Vidal.
De esta manera se vuelve a poner el caso a favor del cabo y contra los mapuches, cuando quedó clara evidencia de la persecución sufrida por la comunidad. Debe recordarse que hubo más de 314 disparos, a pesar de que Los Albatros no tenían orden de dedicarse a disparar.
Como manifestó la defensa de Rafael Nahuel no es posible alegar enfrentamiento, pero sí lainjerencia permanente del Ministerio de Seguridad en la investigación. Ahora, bajo la misma sombra, nuevamente se retrocede faltando con esta determinación a cualquier tipo de justicia real.
En este marco de imparcialidad, la Central obrera vuelve a dejar en evidencia cómo la justicia federal adicta al poder, que ha perseguido a los trabajadores por reclamar derechos, encarcelando, embargando bienes y dispuesto el secuestros de automóviles, entre otro sin número de medidas argumentando el delito de entorpecimiento de servicio públicos, es capaz de liberar a quien es denunciado por asesinato.
