Apenas conocida la decisión extrema que adoptaron los nuevos Defensores del Pueblo, General y Adjunto, de cerrar todas las Delegaciones de ese organismo que funcionaban en distintas ciudades de la provincia y despedir masivamente a los trabajadores que cumplían funciones en ellas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió rápidamente a repudiar la referida medida y solicitar una audiencia urgente con Adriana Santagati y César Domínguez.
«Los nuevos Defensores del Pueblo no alcanzaron a sentarse en sus despachos y ya comenzaron a defender los intereses del Gobierno, perdiendo autonomía. No descartamos que esta decisión haya sido previamente acordada con el poder, paradójicamente al que tienen que controlar, que es el Ejecutivo. Esto perjudica al pueblo y beneficia a éste y a los futuros gobiernos. Demandamos una audiencia urgente con Santagati y Domínguez y no descartamos medidas de acción directa en el corto plazo», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.
La entidad sindical descree de las argumentaciones expuestas por la funcionaria recientemente designada y considera que, por un lado, se trata de una persecución política gravísima y, por el otro, se busca consolidar una política de ajuste y recorte de gastos en la Defensoría. Esto vulnera de manera directa los derechos de acceso que tiene la ciudadanía al servicio constitucional de defensa ante los abusos actos u omisiones del Estado que afecten a las personas o sociedad.
Desde ATE no se descarta que semejante retroceso institucional haya sido acordado con el Poder Ejecutivo, ya que el beneficiado directo de esta medida es el Gobierno Provincial que encabeza Alberto Weretilneck. En la práctica se traducirá en la imposibilidad de realizar denuncias o presentaciones requiriendo la intervención de la Defensoría del Pueblo en toda la provincia, salvo en la capital provincial (Viedma), vulnerando de esta manera uno de los derechos más básicos y elementales de los que pueden ser ejercidos en democracia.
«Los nuevos Defensores del Pueblo no alcanzaron a sentarse en sus despachos y ya comenzaron a defender los intereses del Gobierno, perdiendo autonomía. No descartamos que esta decisión haya sido previamente acordada con el poder, paradójicamente al que tienen que controlar, que es el Ejecutivo. Esto perjudica al pueblo y beneficia a éste y a los futuros gobiernos. Demandamos una audiencia urgente con Santagati y Domínguez y no descartamos medidas de acción directa en el corto plazo», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.
La entidad sindical descree de las argumentaciones expuestas por la funcionaria recientemente designada y considera que, por un lado, se trata de una persecución política gravísima y, por el otro, se busca consolidar una política de ajuste y recorte de gastos en la Defensoría. Esto vulnera de manera directa los derechos de acceso que tiene la ciudadanía al servicio constitucional de defensa ante los abusos actos u omisiones del Estado que afecten a las personas o sociedad.
Desde ATE no se descarta que semejante retroceso institucional haya sido acordado con el Poder Ejecutivo, ya que el beneficiado directo de esta medida es el Gobierno Provincial que encabeza Alberto Weretilneck. En la práctica se traducirá en la imposibilidad de realizar denuncias o presentaciones requiriendo la intervención de la Defensoría del Pueblo en toda la provincia, salvo en la capital provincial (Viedma), vulnerando de esta manera uno de los derechos más básicos y elementales de los que pueden ser ejercidos en democracia.
Se trata de una grave persecución política y un ajuste que obstaculiza el acceso de la ciudadanía al organismo y beneficia al Gobierno
El Sindicato aseguró que no existe posibilidad que el reciente acuerdo alcanzado por el organismo de control externo con el Poder Judicial pueda suplir las importantes funciones que cumplían las oficinas cerradas en El Bolsón, San Carlos de Bariloche, General Roca, Cipolletti, Villa Regina, Las Grutas y Viedma.
Por último, ATE exige la inmediata reincorporación de todos los empleados que fueron cesanteados, estimando que se trata de entre 25 y 30 trabajadores y evalúa la posibilidad de convocar a la realización de medidas de fuerza en el referido organismo durante los próximos días.
Por último, ATE exige la inmediata reincorporación de todos los empleados que fueron cesanteados, estimando que se trata de entre 25 y 30 trabajadores y evalúa la posibilidad de convocar a la realización de medidas de fuerza en el referido organismo durante los próximos días.
