Luego de conocerse los supuestos justificativos enunciados por la nueva Defensora del Pueblo para decidir el cierre de las Delegaciones en la provincia y despedir masivamente a todos los empleados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señaló las fuertes contradicciones de Santagati y rebatió todos sus argumentos.
«Lo que está pasando en la Defensoría es gravísimo y hasta se ordenaron allanamientos ilegales. Los diputados que avalaron estas designaciones también debieran expedirse, ya que en las audiencias previas de los candidatos Santagati y Dominguez ocultaron los despidos masivos y el cierre de delegaciones. Realizaremos medidas de fuerza. Parece que por ser de ATE no somos ciudadanos para la Defensora. Esperamos que esto no se esté resolviendo en una alcoba», disparó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.
«Ninguno de los argumentos presentados sirve para avalar semejante vulneración de derechos y por el contrario lo que intentan tapar es la completa subordinación que tendrán los nuevos funcionarios al Gobierno actual. A solo un mes de iniciar su gestión, ya sabemos que no podemos esperar que Santagati nos defienda de los avances arbitrarios del Estado rionegrino», concluyó Aguiar.
Junto al Adjunto Domínguez no recorrieron las Delegaciones, tampoco encargaron evaluaciones técnicas, ni se comunicaron con los despedidos
Es que la Defensora intenta justificar las cesantías aduciendo que se trata de nombramientos políticos, similares a los asesores legislativos y los mismos deben dejar su cargo con quien los designa.
Sin embargo, no se puede equiparar a la Defensora saliente con un Legislador para avalar despidos masivos e irregulares en un organismo que paradójicamente debe defender todos los derechos de los ciudadanos.
En tanto que desde ATE se corroboró que no se trata de políticos, sino de administrativos y asesores institucionales, es decir agentes de carrera de la Defensoría y no empleados de Nadina Díaz.
Por otro lado, el Gremio denunció –y espera que sean investigados- los virtuales allanamientos ordenados por Santagati a las delegaciones, ya que personas o empleados que no guardaban la calidad de funcionarios habilitados para tal fin, retiraron valiosa documentación, expedientes, bienes muebles y otros elementos de las oficinas.
Finalmente, ATE considera que la referida funcionaria no puede asegurar que el cierre de las oficinas no fuera una decisión tomada al azar, sino producto de un minucioso diagnóstico que tiene que ver con la productividad de estas, ya que ni ella, ni el Defensor Adjunto recorrieron o visitaron alguna vez las delegaciones y tampoco impartieron instrucciones para evaluar la calidad técnica y humana en la atención y resolución de conflictos.
Es inaceptable que se hable de costo-beneficio por considerar que se trata de un concepto empresarial no aplicable a un organismo público que tiene a su cargo la defensa de la ciudadanía frente a los avances del Estado.
Santagati afirma que es muy poca la cantidad de expedientes iniciados en las delegaciones, sin señalar que no toda la atención, contención e intervención del organismo se plasma en un papel o expediente, pero además no menciona cuáles son las estadísticas de la sede central de la Defensoría en Viedma.
Cuando la Defensora del Pueblo se refiere a la instalación de un 0800 para ampliar la recepción de denuncias o a un convenio firmado con el Poder Judicial, intenta subestimar a todos los rionegrinos ya que esto no es nada novedoso y siempre existió, es decir la colaboración permanente de los Juzgados de Paz para recibir y derivar denuncias se hace desde el mismo momento de su creación constitucional.
Por último, ATE rechaza la actitud demostrada por Santagati y Dominguez, repudiando su falta de sensibilidad, ya que nunca se pusieron en contacto con los despedidos, ni mostraron preocupación por las familias que dejaron en la calle en un contexto de gran crísis económica y social.
