La Asociación Trabajadoras/es del Estado (ATE) de Río Negro inicia hoy un paro de 24 horas y protesta desde las 10.00 sobre los puentes carreteros que unen las ciudades de Cipoletti con Neuquén.
La medida de fuerza, que tiene alcance patagónico, fue tomada en el plenario regional -del cual participó una comitiva de ATE Río Negro encabezada por suSecretario General, Rodolfo Aguiar- para exigir la inmediata reincorporación de los más de 500 trabajadores despedidos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y rechazar el cierre de la histórica mina enclavada en la provincia de Santa Cruz.
Para el Sindicato el vaciamiento de YCRT es una continuidad de la política de ajuste del Gobierno de Mauricio Macri, que en pos de una supuesta eficiencia, continua con el desguace del Estado en todas sus áreas, avanzando sin pausa sobre recursos estratégicos para la soberanía de los pueblos.
Es así que desde ATE se considera una prioridad garantizar la continuidad productiva de la mina de Río Turbio: el Yacimiento Carbonífero cumple un rol económico y social clave para toda la región y tiene el potencial de cumplir un rol central dentro de la soberanía energética de la Argentina.
En el Plenario, que avanzó en la necesidad de nacionalizar el conflicto, se resolvió entre otros puntosdenunciar lo que está sucediendo en YCRT desde la CLATE, en todas las Embajadas de Latinoamérica y en los medios nacionales; exigir el pronunciamiento del Parlamento Patagónico; trabajar en la vinculación con las universidades y realizar acciones en las Casa de las Provincias en la Ciudad de Buenos Aires.
El conflicto
Desde enero, en medio de despidos masivos y jubilaciones anticipadas y extorsivas, comenzó a circular la amenaza del cierre de la empresa estatal. La reducción en los presupuestos de 2017 y 2018 provocó la paralización del yacimiento y la usina de 240 MW (con la pérdida adicional de 700 puestos de trabajo el sector de la construcción).
En este marco los trabajadores de YCRT enviaron un documento detallando su situación, en el que también explicaron que la empresa vulneró los derechos laborales mediante la reducción de salario, el intento de imponer un mismo convenio colectivo que flexibiliza las condiciones de trabajo y la persecución ideológica y sindical.
