No es la primera vez que Greca acusa a Aguiar de la comisión de delitos, encubriendo de esta manera una evidente persecución sindical y el intento de limitar el ejercicio de derecho de huelga. Su imparcialidad perdió todo decoro: el magistrado acusa también al joven hijo del dirigente, que no tuvo rol protagónico durante la protesta.
La notificación llegó rubricada por la división Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal, por un ruidazo que se realizó dentro de la sede de la obra social para manifestarse contra la política previsional.
Por aquellos días, ATE denunciaba el ajuste del 20% en las partidas destinadas a jubilados en el Presupuesto 2019, que aún no se había votado en el Congreso de la Nación. Reclamaba, asimismo, que los haberes no sufrieran el recorte del plus por zona austral, sobre el que finalmente Casa Rosada debió dar marcha atrás por las manifestaciones en contra. Y exigía la restitución de las prestaciones y medicamentosque perdieron los adultos mayores.
En ningún momento la protesta impidió la continuidad de la atención de las oficinas, aunque esta tampoco podría ser considerada una ilegalidad, porque el ejercicio de la huelga no está regulado en la República Argentina.
