La Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA) Autónoma Fisque Menuco denuncia el accionar persecutorio del Poder Judicial sobre los manifestantes que participaron durante la protesta realizada en los Tribunales Provinciales con asiento en la ciudad de Gral. Roca por el asesinato del joven Pablo Vera, en el año 2014.
A casi dos años después de los hechos, la Justicia dictó el procesamiento a 10 de los 25 imputados por los disturbios ocurridos en la Ciudad Judicial de ésta ciudad. La medida fue tomada por el Juez Maximiliano Camarda.
Para la Central Obrera, la resolución de Camarda forma parte de un acto de criminalizar la protesta social. Es que se persigue solamente a los acusados de los incidentes de la protesta, mientras que otros hechos ocurridos ese mismo día aún no han sido esclarecidos.
“No podemos concebir un Poder Judicial al servicio de la tortura, la impunidad y el encubrimiento”, subrayó Zulma Dávila, Secretaria de Derechos Humanos de CTA Autónoma Fisque Menuco. “Exigimos el cese de la criminalización de la protesta y el procesamiento inmediato de todos los implicados policiales y judiciales en el hostigamiento a los manifestantes. La protesta es un derecho que no puede ni debe ser callado, mucho menos por quienes deben defenderla”, finalizó enérgicamente la dirigente.
Desde la CTA Fisque Menuco también se exige sean investigados y condenados los policías, incluidos los propios funcionarios judiciales que expidieron las órdenes, acusados por las torturas que denunciaron los detenidos de la jornada del 28 de noviembre de 2014.
Ese día un grupo de manifestantes fueron interceptados y detenidos en las calles Gelonch y Maipú, muy lejos del lugar de la protesta. En tanto que en la Comisaría 21, familiares y amigos de Pablo Vera, fueron torturados y amenazados. 14 personas estuvieron detenidas casi 72 horas, excediendo el tiempo legalmente previsto para los casos en los que el juez no ha llamado a indagatoria, lo que motivó una causa penal contra el propio juez Camarda.
Por último, desde la entidad sindical se denuncia la orden de archivar la causa por vejaciones en la que además de investigarse al personal de la mencionada comisaría, el mismo magistrado estaba involucrado como partícipe -ya que rechazó un hábeas corpus, encubriendo el delito y permitiendo la continuidad del mismo.
Para ampliar información pueden comunicarse con
Federico Gabarra │Secretario General (298) 4225353
Zulma Dávila│Secretaria Derechos Humanos (298) 4226027
