Las víctimas de esta persecución sindical son Federico Gabarra, secretario general de la seccional Alto Valle Este de ATE; Luciano Pedraza, delegado paritario; Nahuel Micheli y Orlando Carriqueo, delegados de la Unidad De Atención Integral (UDAI) local.
“Estamos frente a un acto de persecución sin precedente y un desconocimiento a la autoridad de la Justicia federal. El macrismo en el Estado ha intentado avanzar sobre el derecho de los trabajadores como si fuera su empresa privada en absoluta irregularidad”, sostuvo Luciano Pedraza, paritario nacional.
La ofensiva del Gobierno de Macri incluyó el pedido de desafuero de los delegados, amparados por la Ley de Asociación Sindical hasta febrero próximo.
El conflicto que disparó la reacción sobredimensionada de los funcionarios sucedió en plena cresta de la arrolladora ola despidos de Cambiemos en el Estado. Entre ellos, el de una trabajadora que cursaba licencia por enfermedad y que, gracias a los reclamos de ATE, fue reincorporada.
La Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, integrada por los Jueces Diego Gustavo Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa, determinó que no hubo delito de coacción agravada ni usurpación, como acusaron desde el Gobierno.
“Este caso resulta ajeno al derecho penal, ya que el análisis precedente, a partir del cual puede descartarse la concurrencia de injusto penal, lleva a concluir que los comportamientos analizados resultan atípicos o justificados. Por ello, puede concluirse ajustado a derecho el sobreseimiento dictado, así como carentes de idoneidad las alegaciones de la recurrente para modificar esa decisión”, sostuvieron los magistrados.
A lo largo del proceso, ATE demostró que sus delegados no cometieron ningún delito, ya que el accionar de los trabajadores no tuvo como fin desposeer a la ANSES del edificio en el que funciona la prestación de sus servicios, sino que se trató de un reclamo laboral pacífico y de índole colectivo, que no ocasionó ningún tipo de daños.
