Cabe recordar que a comienzos de este año el sector de Agricultura Familiar, Secretaría dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, sufrió un gran vaciamiento presupuestario en todo el país y ya en el mes de abril se registraron alrededor de 240 despidos.
Los trabajadores continúan denunciando hoy la crítica situación que atraviesa la institución – falta de presupuesto, tareas, líneas de trabajo y la intención de las autoridades nacionales de provocar la desaparición del organismo- y los riesgos que implica la vulnerabilidad a la que deben enfrentarse ante la desidia del Estado. Asimismo, en los últimos días se realizaron diversas denuncias sobre el avance de las empresas frutícolas sobre las chacras, en claro detrimento de los productores locales.
Con respecto a las cesantías ilegales, seis trabajadores despedidos de manera ilegal, arbitraria y discriminatoria retomaron finalmente, luego de una larga lucha; a sus puestos de trabajo tras dos fallos de la Justicia Federal a favor de los mismos. Fue en la provincia de Jujuy.
En Río Negro el organismo cuenta con más de 30 trabajadores y su sede principal está en Bariloche pero también hay agentes que prestan servicios en El Bolsón, Cipolletti, Roca, Viedma, Maquinchao, Valcheta, y Jacobacci. De la totalidad de los empleados la mayoría están bajo la ley marco de empleo público en la planta transitoria con contratos anuales.
Además, la entidad sindical reinvindica el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas y rechaza el monopolio de las empresas, quienes pretenden apropiarse de una biodiversidad generada por los pueblos campesinos y originarios, a lo largo de la historia. Es necesario defender energicamente el trabajo que se gesta desde la agricultura familiar y de los pequeños productores de la usurpación de los grandes mercados de comercialización.
CTA considera la producción de manera soberana, capaz de garantizar a los pueblos el acceso a una variedad de alimentos suficientes para toda a población. En tal sentido, denuncia el modelo actual de agronegocios que deja territorios desbastados por los químicos y trae gravísimos, y reconocidos por los expertos, problemas de salud en los habitantes.
Por último, desde la central de trabajadores se exige al Estado que contemple el libre acceso a la tierra y las herramientas para trabajarla; además del control sobre las situaciones de explotación que rigen sobre los trabajadores. En definitiva, una política agraria a favor del pueblo.