El departamento de Derecho Humano de los Pueblos de ATE expresó su preocupación ante varias situaciones de violencia penitenciaria y policial denunciadas en barrios vulnerados de Río Negro, y reclamó al Ejecutivo adherir al protocolo contra el abuso de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, redactado por el Ministerio de Seguridad de la Nación con anterioridad.
En este sentido, solicitó la rápida sanción de los efectivos de las fuerzas de seguridad que hayan obrado con apremios ilegales, maltrato y abuso, amparados en el cumplimiento del protocolo de aislamiento social y obligatorio.
“Vivimos un momento histórico y el Estado debe contener y proteger a nuestro pueblo, garantizando el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos, enmarcados en nuestra Constitución Provincial y Nacional”, señaló Carolina Alac, titular del departamento de Derecho Humano de los Pueblos. “En nombre de la Salud Pública y falsas normativas, no se pueden permitir los abusos de una Policía que viene siendo cuestionada desde hace muchos años”.
Por otro lado, Alac manifestó su preocupación sobre la situación en cárceles, sobre la que pesa un historial de denuncias sobre hacinamiento y condiciones insalubres, agravadas en el marco de la pandemia.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «las personas privadas de libertad en general, en las prisiones u otros lugares de detención son aún más vulnerables a la epidemia de coronavirus que la población en general, como resultado de las condiciones de confinamiento en las que conviven durante largos períodos de tiempo”.
A partir de información recogida en varios penales, ATE denuncia que lejos de fortalecerse las medidas en los establecimientos, se reprimió a las personas privadas de su libertad que reclamaron insumos básicos lavandina, jabón y comida digna.
ATE también hace un llamado urgente al Poder Ejecutivo, fundamentalmente al Ministerio de Seguridad provincial, a que arbitren las medidas necesarias para implementar las recomendaciones del subcomité contra la tortura de la ONU y las recomendaciones del Comité Nacional Contra la Tortura.
En este sentido, solicitó la rápida sanción de los efectivos de las fuerzas de seguridad que hayan obrado con apremios ilegales, maltrato y abuso, amparados en el cumplimiento del protocolo de aislamiento social y obligatorio.
“Vivimos un momento histórico y el Estado debe contener y proteger a nuestro pueblo, garantizando el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos, enmarcados en nuestra Constitución Provincial y Nacional”, señaló Carolina Alac, titular del departamento de Derecho Humano de los Pueblos. “En nombre de la Salud Pública y falsas normativas, no se pueden permitir los abusos de una Policía que viene siendo cuestionada desde hace muchos años”.
Por otro lado, Alac manifestó su preocupación sobre la situación en cárceles, sobre la que pesa un historial de denuncias sobre hacinamiento y condiciones insalubres, agravadas en el marco de la pandemia.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «las personas privadas de libertad en general, en las prisiones u otros lugares de detención son aún más vulnerables a la epidemia de coronavirus que la población en general, como resultado de las condiciones de confinamiento en las que conviven durante largos períodos de tiempo”.
A partir de información recogida en varios penales, ATE denuncia que lejos de fortalecerse las medidas en los establecimientos, se reprimió a las personas privadas de su libertad que reclamaron insumos básicos lavandina, jabón y comida digna.
ATE también hace un llamado urgente al Poder Ejecutivo, fundamentalmente al Ministerio de Seguridad provincial, a que arbitren las medidas necesarias para implementar las recomendaciones del subcomité contra la tortura de la ONU y las recomendaciones del Comité Nacional Contra la Tortura.
