El departamento de Derechos Humanos de los Pueblos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exige justicia al cumplirse tres años del asesinato de Rafael Nahuel, perpetrado durante el intento de desalojo de la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.
Es que a pesar del tiempo transcurrido *la causa sigue empantanada en torno a la tercera pericia que ordenó la Justicia para determinar si el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel pertenecía al arma del prefecto Francisco Pintos*, miembro del grupo Albatros de la Prefectura Naval.
La primera pericia había sido realizada en junio de 2018 por Roberto Nigris, Karina Uribe y la experta en criminalística Silvia Bufalini, y había determinado el origen del proyectil. Sin embargo, el juez Gustavo Villanueva ordenó una nueva investigación que no coincidió con la primera. La misma fue realizada por la Dirección de Criminalística de Gendarmería, que determinó que el disparo no había provenido del subfusil de Pintos.
Finalmente, enero de 2019 el juez Leónidas Moldes procesó a cinco prefectos, incluido Pintos por haber incurrido en el delito de “homicidio agravado en legítima defensa”, algo que dio continuidad a la teoría del enfrentamiento que tanto alentó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a pesar de que no está probada la tenencia de arma de fuego de Rafael Nahuel y los más de 129 disparos con munición de plomo que habría disparado la prefectura.
Más tarde la Cámara de Roca corrigió el fallo y procesó a Pintos por homicidio agravado, dictándole prisión preventiva y resolviendo la falta de mérito para el resto de los prefectos. Sin embargo, en febrero de este año, *esta misma Cámara determinó la falta de mérito de Pintos* debido a que la segunda pericia realizada no coincidió con el primer resultado.
Ahora *el expediente está en la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó la tercera pericia balística*.
Es así que *a tres años todavía no puede si quiera determinarse algo tan concreto como de dónde salió la bala que mató a Rafael Nahuel*.
En este nuevo aniversario el sindicato vuelve a pedir justicia, exigiendo cárcel y castigo para los responsables materiales e intelectuales del fusilamiento y demanda el desprocesamiento de Lautaro González, uno de los jóvenes que bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel el día de su muerte y que sigue aún con pedido de prisión preventiva, mientras se desestima la de Pintos con total impunidad.
ATE también exige no al desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
