Más de 15 dirigentes de ATE y la CTA Autónoma de Rio Negro fueron sobreseídos definitivamente junto a otros dirigentes en una causa armada para criminalizar la protesta social por más de 30 hechos ocurridos entre 2016 y 2018, entre los cuales se incluyeron bloqueos de rutas nacionales y de pozos de gas y petróleo, movilizaciones en organismos públicos y enfrentamientos con la Policía Federal.
«Cuando desde el Estado se impulsan políticas en favor de los poderosos que generan la pobreza y el hambre del pueblo, el corte de ruta y el piquete se transforman en un derecho humano fundamental», expresó Rodolfo Aguiar, secretario adjunto nacional de ATE y secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro.
Aguiar es uno de los dirigentes sobreseídos junto al secretario general de ATE Rodrigo Vicente, secretarios generales de seccionales y otros miembros de conducción: Rosa Ñanco, Federico Gabarra, Luciano Pedraza, Matías Miquelez, Ricardo Sal Martín, Guillermo Granados, Claudia Reyes, Gerardo Collinao, Miguel Tapia, Carlos Goinhex, Néstor Gómez y Zulma Dávila.
«Una vez más, quedó demostrado que la protesta social no puede ser criminalizada. Este juzgado federal de Roca fue siempre utilizado para perseguir a quienes ejercen el derecho constitucional de reclamo. Estos jueces de doble apellido son hijos de la dictadura, viven en countries, vacacionan en Europa y no tienen ni idea de las verdaderas necesidades del pueblo. Están al servicio de los poderosos. No se meten con el narcotráfico, ni con los ladrones de guante blanco. Por eso hay que cambiarlos. Tenemos que lograr la democratización del poder judicial», dijo Aguiar
De esta manera, el equipo jurídico logró cerrar todas las causas de los dirigentes en la Justicia Federal extraordinaria y las que tenían pendientes en la jurisdicción ordinaria, siendo un notable avance del campo popular para defender el derecho justo al reclamo.
«Nos creen ovejas y por eso utilizan la Justicia para intentar disciplinarnos. Desde algunos sectores se propagandiza la persecución judicial a quienes luchan. Lo hacen para enriquecerse a cambio de defender un sistema de saqueo de nuestros recursos naturales y empobrecimiento paulatino de todo el pueblo», agregó.
Este logro se alcanzó luego que la Cámara Federal de Apelaciones diera lugar al recurso presentado por la abogada Ailén Roca, obligando al juez federal Hugo Greca a rectificar su fallo y dictar inmediatamente el sobreseimiento total y definitivo.
“La arbitrariedad y el desconocimiento absoluto del principio de personalidad de la pena presentes tanto en la resolución del juez federal Hugo Greca como en el dictamen del fiscal Matías Zanona quedaron en evidencia tras este fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, con el que se logra poner un freno a la clara intencionalidad de criminalizar la protesta social”, explicó Ailén Roca.
