El sindicato exige el cese del acoso al dirigente estatal por su lucha contra el gobierno de Milei
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro expresa su repudio a la persecución del fiscal de Córdoba Emilio De Aragón contra el Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, quien ordenó el allanamiento de su domicilio particular así como de la sede gremial de ATE Río Cuarto.
Fuerzas policiales realizaron los allanamientos este martes y le retuvieron a Giuliani su teléfono particular, en base a una causa abierta por De Aragón, aparentemente fundamentada en la represión policial ocurrida el 25 de mayo en la esquina de avenida Vélez Sarsfield y 27 de abril, cuando efectivos que custodiaban el acto partidario del Presidente Javier Milei, la emprendieron con gases lacrimógenos y balas de goma contra la multitud que se encontraba en el lugar.
Giuliani junto a 14 estatales resultaron heridos de diversa magnitud, sin que mediara causa alguna que justifique el accionar represivo.
En un extremo propio de otros tiempos en que no se respetaba en Córdoba el derecho y la libertad de las personas, la policía le retuvo el teléfono celular uno de sus hijos de 9 años. Al mismo tiempo, se allanó el auto particular de la esposa de Giuliani, junto a otro propiedad de ATE.
Se trata claramente de una persecución política que usa al Poder Judicial como herramienta para justificar el amedrentamiento que el Ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, pretende imponer contra la organización sindical. Quinteros, un funcionario que ha sabido saltar de entre varios partidos políticos y está denunciado por varios casos de corrupción, sigue la línea de acción de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con quien se ha referenciado en varias oportunidades.
Así, queda claro el desprecio del Gobierno de Córdoba por el estado de derecho y de las garantías constitucionales, entre las que la protesta forma parte fundamental del contrato social, de la Constitución, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tratados internacionales a los que nuestro país suscribe.
Cabe mencionar que el fiscal De Aragón ya imputó el año pasado a Giuliani y a otros dirigentes sociales por el corte de una calle durante la Marcha contra el Hambre. Esa causa está elevada a juicio, dando cuenta que no es el único funcionario judicial disponible para aplicar las políticas represivas del Gobierno de Córdoba.
ATE Río Negro exige que De Aragón deponga esta persecución de manera inmediata, devuelva los teléfonos a la familia Giuliani, junto al resto de sus pertenencias particulares, y respete la Constitución Nacional.
