La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a la Municipalidad de General Roca por la práctica antisindical manifestada en la exclusión de la entidad sindical de la mesa de negociación salarial, donde sí fueron llamados los demás gremios. Lo hizo mediante una Carta Documento firmada por el Secretario General de la Seccional Alto Valle Este, Federico Gabarra.
En la misiva se deja en claro que, a partir de las manifestaciones públicas realizadas por sus funcionarios y en el hecho concreto de no haber sido convocado a la reunión llevada a cabo en el edificio municipal, resulta evidente que el accionar del Poder Ejecutivo Municipal violenta el derecho a la negociación colectiva amparado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.
En tal sentido, ya que la Municipalidad se rehúsa a negociar colectivamente con ATE y sí lo hace con otros sindicatos, se constituye una verdadera práctica antisindical de las comprendidas en el artículo 53 de la Ley 23551 de Asociaciones Sindicales.
Teniendo esto en cuenta, se intimó a la administración Soria para que en el plazo de 48 horas convoque a ATE a la mesa salarial, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
«Los trabajadores municipales saben perfectamente que ATE es el único gremio que no se arrodilla ante Soria. Estamos ante una gestión basada en el autoritarismo, la prepotencia y el maltrato constante a los trabajadores municipales, no sólo a través de la precarización laboral y las malas condiciones laborales, sino incluso mediante un constante abuso de poder ejercido por los jefes de cada área contra los trabajadores», manifestó el Secretario General de la Seccional Alto Valle Este, Federico Gabarra y apuntó: «La gestión Soria cae en un doble error. Por un lado, excluye a ATE que cuenta con todas las credenciales para ser parte de la mesa de discusión salarial. Pero, además, invita para que aplaudan y asientan con la cabeza a dos sindicatos que tienen simple inscripción gremial y que, de acuerdo con la ley, no cuentan con el derecho de la discusión colectiva, ya que sólo los que tienen personería jurídica pueden hacerlo».
