Tras su visita por el país entre el 8 y 18 de mayo y la entrevista con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro, elGrupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas presentó sus conclusiones preliminares en una Conferencia de Prensa en Buenos Aires.
El lunes pasado el Gremio de los estatales rionegrinos expuso sobre el “Caso Aguiar” en el espacio abierto por esta Comisión para la recepción de denuncias y testimonios en la ciudad de Trelew, Chubut. Allí, ATE denunció la profundización de la criminalización de la protesta social en la provincia y la notable persecución contra el principal referente de la entidad sindical y de la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar.
Luego de la presentación de ATE también señalaron la gran selectividad del sistema penal en el país
Entre otros puntos, el Sindicato dejó asentado cómo se ha incrementado en los últimos años la existencia de causas sobre dirigentes sindicales en ejercicio de su función específica, en el contexto de acciones de protestas decididas por los mecanismos de democracia interna del Sindicato.
Esta observación se vio relejada en el Informe del GTDA. En el mismo, entre otros importantes puntos, se alerta sobre la privación de la libertad en el contexto de protestas sociales y públicas por parte de miembros de distintas comunidades, entre las que se incluyen pueblos indígenas, sindicatos y movimientos políticos y sociales.
«Esta delegación desea reiterar que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos garantizan el derecho de reunión pacífica y que los Estados deben abstenerse de impedir o castigar toda manifestación pacífica», dicen de manera contundente. Asimismo señala que las conductas punibles «deben describirse con claridad a fin de preservar el principio de legalidad del derecho penal. Violaciones tales como los ‘cortes de ruta’ y la ‘desobediencia y resistencia a la autoridad’ revisten una inherente ambigüedad y ello permite un alto grado de discrecionalidad por parte de las fuerzas de seguridad sin que existan las suficientes salvaguardas para garantizar una protección contra detenciones arbitrarias».
