La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro celebra que el Senado de la Nación haya dado media sanción a la prórroga de la Ley 26.160, que suspende los desalojos de las comunidades originarias. Es que en la tarde de ayer, la Cámara Alta aprobó por unanimidad la continuidad de esta norma que data de hace once años, promoviendo su prórroga hasta noviembre de 2021.
En el marco de una gran movilización popular, el Senado aprobó por unanimidad la prórroga de la ley que suspende los desalojos
La normativa, sancionada en noviembre de 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena, suspende los desalojos por el plazo de la emergencia y dispone la realización de un relevamiento técnico-jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas. Sin embargo,hasta el momento sólo se ha realizado el relevamiento de 459 de las 1.500 comunidades originarias.
De acuerdo al procedimiento legislativo, la norma deberá ser remitida a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Pese que, en el marco de la importante movilización de las comunidades originarias y distintas organizaciones sociales y políticas, esta sanción es un gran logro, no dejan de preocupar las declaraciones del Senador Nacional por la provincia de Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, quien volvió a apuntar contra las comunidades originarias de la Patagonia y acusarlas de ser grupos extremistas.
«Estamos muy satisfechos con la media sanción de la Cámara de Senadores, pero no dejan de preocuparnos las declaraciones que, aún habiendo votado a favor, vertió el Senador por Río Negro, Miguel Pichetto», manifestó Manuel Hermida, Secretario Adjunto de la CTA Río Negro y fundamentó: «Ver como un avance la militarización de los territorios de las comunidades originarias en Chile, con lo que sabemos que sucedió y sucede en el vecino país, se muestra, como mínimo, como un acto irresponsable. El Gobierno debe cumplir con la ley y llevar adelante el relevamiento de las comunidades de todo el país. Desde la reforma de la Constitución en 1994, se reconoce la preexistencia de las comunidades y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Se debe reconocerlas, no militarizarlas».
