En este marco, el secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar señaló con preocupación que se esté volviendo a instaurar en la ciudad un sistema clientelar similar al que existía con el radicalismo y que tanto esfuerzo se hizo por superar.
Es que la central sindical pudo comprobar que en el último otorgamiento de 22 lotes que hizo la comuna existió una grave discriminación y se vulneró el derecho que tienen familias en situación de calle o desalojo desde al menos siete años, habiendo cumplido con cada uno de los requisitos exigidos por el Poder Ejecutivo local.
Sin embargo, se dio prioridad a otras personas, a las que seguramente corresponderá por idénticas necesidades, pero que cuentan con menos tiempo de espera y la sospecha, además, que existió una colaboración directa en las campañas para la gobernación y la intendencia de los hermanos Soria.
“Tenemos que evitar que existan enfrentamientos entre pobres como algunos esperan, porque las 22 personas que lograron los lotes también tienen necesidades extremas”, señaló Rodolfo Aguiar frente a la gravedad de lo ocurrido con la última entrega de terrenos, donde se alteró el orden del listado de espera para el banco de tierras fiscales violentando todo el procedimiento estipulado.
Esta injusticia generó la reacción de cientos de familias que se sienten afectadas, algunas con integrantes discapacitados que desde hace años vienen realizando trámites como la presentación en el área de Desarrollo Social y Centros Comunitarios, contando ya con el informe socioambiental o encuesta social y habiendo presentado toda la documentación exigida como contrato de alquiler, órdenes de desalojo, prueba de situación de calle y certificaciones de ANSES probando la inexistencia de ingresos.
Es así que en las protestas que comenzaron esta mañana quedó expuesto que en la última entrega el sistema fue violentado y no se respetaron las listas, informes profesionales, composición del núcleo familiar, ni el orden de prioridades, siendo obligación indelegable del Estado garantizar el acceso a la tierra para poder desarrollarse dignamente.
Asimismo, la CTA señaló la irregularidad e ilegalidad manifiesta en la que incurrió el municipio, toda vez que recién cuando Desarrollo Social remite el trámite a Catastro se abre el «plazo de espera» en el Banco de Tierras Fiscales y es en ese momento que se le adjudica a cada familia un número de legajo.
