Los trabajadores de la Ley 3487 (ex 1844) del Establecimiento de Ejecución Penal II de la ciudad de General Roca comenzaron a solicitar su traslado a otras dependencias del Estado ante la ausencia de respuesta positiva a sus reclamos sobre condiciones laborales.
“Nos vemos vulnerados en nuestros derechos como trabajadores, no pudiendo renunciar a los mismos”, argumentan en un comunicado público. Allí también llaman a los colegios de profesionales de trabajadores sociales, psicólogos y abogados a pronunciarse ante la gravedad.
El determinante que desencadenó el éxodo de personal fue la reunión mantenida entre los trabajadores y la secretaria de Justicia, Betiana Minor, quien ratificó que los trabajadores no podrán mantener sus derechos dentro de la ley de Servicio Penitenciario, obstruyendo la libre sindicalización, licencias y antigüedad.
Desde el 5 de septiembre el colectivo de trabajadores se encuentra en estado de asamblea en reclamo de más personal, recursos materiales y talleres laborales, educativos y recreativos; mejoras en el área de deportes y la atención de salud.
Asimismo, vienen demandando mejores condiciones laborales, que fueron correspondidas con una “humillante y denigrante grilla salarial” de personal que no contempla la amplitud de su reclamo.
