La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma repudia los mecanismos instrumentados por las patronales para recargar sobre la espalda de los trabajadores el costo de la crisis económica producto de la pandemia. Respalda y reclama, además, el diseño del proyecto de ley que grave las grandes fortunas.
Los bancos, Techint, petroleras, Sociedad Rural, cerealeras, automotrices, Lewis y Arcor, entre otras empresas, empujan el fin de la cuarentena y emplean maniobras extorsivas como despidos, suspensiones y rebajas salariales. Su efecto es la pauperización de un pueblo con carencias básicas de alimento, agua potable, elementos de higiene.
“Creemos que el impuesto a las grandes fortunas es una excelente medida redistributiva en momentos en que el Estado sale a contener a los más humildes, pero también a profesionales, pequeñas y medianas empresas”, señaló Manuel Hermida, secretario adjunto de la CTA Autónoma.
El gravamen extraordinario a la riqueza alcanzaría a quienes ganaron millones en el último período fiscal y permitiría crear un “fondo solidario” que garantice atención sanitaria a toda la población, que los grupos más vulnerables tengan ingresos y sostener la actividad económica general.
En este sentido, la CTA también reclama la implementación de un ingreso universal, básico e incondicional, que le permita a todos los habitantes de la Argentina alcanzar un umbral de dignidad.
Insiste también con la formación de comités de Emergencia con participación de movimientos sociales, gremios, instituciones en cada municipio y provincia. Y la declaración de la Emergencia en violencia de género: los abusos y femicidios, desde el inicio de la cuarentena, se han multiplicado.
