Entres sus considerandos, el magistrado retomó los argumentos del Fiscal Jefe subrogante Guillermo González, quien a principio de año desencriminó a Aguiar por no habérsele identificado la comisión de delito.
En su resolución, el juez también declaró “extinguida la acción penal pública (…) por aplicación del criterio de oportunidad”. Esta figura es una facultad que tiene el Ministerio Público Fiscal para abstenerse de su ejercicio, y fue requerida por el abogado defensor Diego Sacchetti, amparado en que Aguiar seguía procesado en la causa a pesar de haber sido incorporado a un acuerdo entre partes, mediante el cual otros acusados fueron sobreseídos.
«Ahora queda claro que no debimos haber pasado un minuto en una celda. Este fallo muestra que en Río Negro son varios los jueces y fiscales que siguen obedeciendo órdenes de la política. Yo ahora quiero que el fiscal Puntel y el juez Mussi nos den explicaciones a nosotros y a toda la sociedad rionegrina. Estos funcionarios se animan a meter presos sin pruebas sólo a los trabajadores y los pobres, pero son cobardes para encarcelar a los verdaderos delincuentes y que son los de guante blanco», expresó exultante el secretario general de ATE y CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, quien desde su asunción como dirigente gremial debió soportar 55 causas en su contra, 33 de ellas pertenecientes al fuero federal.
“El legítimo ejercicio de un derecho constitucional no puede constituir la comisión de un delito. La regla fundamental en ello es que si la conducta humana es promovida por la ley porque constituye una garantía, en el caso, a manifestar, a peticionar ante las autoridades, a reunirse, no puede ser lo que justifique la intervención del Estado en su vocación represiva”, declaró en tanto el defensor de Aguiar, Diego Sacchetti.
Para el abogado, resulta llamativo que desde sus orígenes la causa haya tenido sólo por finalidad el encarcelamiento de dirigentes sindicales, sin importar ninguna legalidad.
“Mientras se pretendió justificar un operativo policial groseramente ineficiente, en donde se puso en la primera línea de contención a personal sin preparación específica y sin ninguna protección, armando la ficción de un vallado sólo adherido al suelo por la ley de gravedad, existió en paralelo una campaña de comunicación tendiente a demonizar a los manifestantes y a calificarlos como potenciales homicidas por las más altas autoridades de gobierno”, señaló Sacchetti.
Lo cierto es que el Ministerio público Fiscal no pudo salir en ningún momento de su prejuicio, intentando imputarle delitos a Aguiar en varias oportunidades, aún a sabiendas de sus propios errores. Al punto de pretender mantener la acusación por coacción agravada (que llevó al dirigente a la celda), sin ningún hecho concreto que pudiera serle atribuido.
