La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de General Roca dejó sin efecto por unanimidad el procesamiento del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, su hijo Romeo y el secretario general electo, Rodrigo Vicente, acusados por el juez federal Hugo Greca de la presunta comisión de los delitos de lesiones y usurpación por un reclamo realizado en la sede de PAMI en septiembre de 2018.
“Sería justo que los medios de comunicación difundan nuestro desprocesamiento en la misma dimensión en que difundieron nuestro procesamiento. Porque no sólo se ha intentado coercionar la protesta social, sino también manchar nuestros nombres y acciones públicas”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
“La judicialización de la protesta social en la Argentina funciona como disciplinante. En Río Negro hemos acumulado más de 55 causas, ninguna de ellas probadas. La Justicia corrupta nos quiere enfrentar con la sociedad, pero una vez más hemos demostrado que nuestras demandas son constitucionales y sus formas de visibilizarlas legales”, añadió Aguiar.
Los jueces federales Mariano Lozano y Richar Gallego hicieron lugar al recurso de apelación interpuesto por la abogada defensora Ailén Roca y sentenciaron que las conductas de los dirigentes no constituían delito de usurpación.
“Las conductas atribuidas a los encartados no pueden ser encuadradas en el delito de usurpación (…) lo que lleva a la admisión del recurso”, resolvieron los magistrados.
«A lo largo de la causa, quedó demostrado que no corresponde la imputación del delito de usurpación a quien ocupa momentáneamente un inmueble con fines exclusivamente gremiales y de reclamación, ya que este supuesto escapa al Código Penal», manifestó por su parte la abogada Ailén Roca.
Los hechos que dieron lugar a la formación de la causa penal ocurrieron el 14 de septiembre de 2018, en la sede de PAMI en la ciudad de General Roca, donde se llevó adelante una asamblea en el marco de una jornada de protesta nacional.
El motivo de la acción sindical fue la reducción de las prestaciones para los jubilados.
“Sería justo que los medios de comunicación difundan nuestro desprocesamiento en la misma dimensión en que difundieron nuestro procesamiento. Porque no sólo se ha intentado coercionar la protesta social, sino también manchar nuestros nombres y acciones públicas”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
“La judicialización de la protesta social en la Argentina funciona como disciplinante. En Río Negro hemos acumulado más de 55 causas, ninguna de ellas probadas. La Justicia corrupta nos quiere enfrentar con la sociedad, pero una vez más hemos demostrado que nuestras demandas son constitucionales y sus formas de visibilizarlas legales”, añadió Aguiar.
Los jueces federales Mariano Lozano y Richar Gallego hicieron lugar al recurso de apelación interpuesto por la abogada defensora Ailén Roca y sentenciaron que las conductas de los dirigentes no constituían delito de usurpación.
“Las conductas atribuidas a los encartados no pueden ser encuadradas en el delito de usurpación (…) lo que lleva a la admisión del recurso”, resolvieron los magistrados.
«A lo largo de la causa, quedó demostrado que no corresponde la imputación del delito de usurpación a quien ocupa momentáneamente un inmueble con fines exclusivamente gremiales y de reclamación, ya que este supuesto escapa al Código Penal», manifestó por su parte la abogada Ailén Roca.
Los hechos que dieron lugar a la formación de la causa penal ocurrieron el 14 de septiembre de 2018, en la sede de PAMI en la ciudad de General Roca, donde se llevó adelante una asamblea en el marco de una jornada de protesta nacional.
El motivo de la acción sindical fue la reducción de las prestaciones para los jubilados.
