Allen: La policía detiene ilegalmente a trabajador municipal

«Acá estamos lisa y llanamente frente a una detención ilegal de la policía. No se puede apresar a alguien para llevarlo a tribunales sin que se hayan cumplido todos los procedimientos de notificación», denunció Esterea Gonzalez, Secretaria Gremial ATE Río Negro. «La policía sigue acumulando en su haber graves irregularidades y la persecución ideológica de la Intendenta Costa no es propia de los días de democracia que vivimos», finalizó la dirigente.

Los hechos se remontan a junio de 2015 en el marco de una protesta de la entidad sindical en las instalaciones del municipio de la mencionda ciudad. Allí el gremio reclamaba por justas y considerables mejoras salariales.

Un año más tarde, uno de los delegados que participó de las medidas, recibe la cédula de notificación con orden de traslado directo al Juzgado Nro. 12 de la Ciudad de Gral. Roca a los fines de prestar declaración indagatoria ante el Juez.

Desde ATE se condena el uso desmedido de la fuerza pública, la misma irrumpe violentamente en la casa del mencionado gremialista y obliga bajo amenazas a ser trasladado hasta los juzgados de Roca; sin mediar causa que amerite semejante acción. A los fines de evitar un conflicto accede a ser conducido en una unidad policial hasta la vecina ciudad. Cabe aclarar que previamente no había sido notificado sobre el caso.

Para la entidad sindical es preocupante, y remite a nefastas prácticas de oscuros años de nuestro país, que la fuerzas del orden actúen de una manera intimidatoria y al servicio de intereses que no son precisamente los que tienen que salvaguardar.

Por otro lado, una vez arribado a Ciudad Judicial el delegado hizo uso de su derecho a negarse a declarar. Allí, los magistrados de turno esgrimieron la excusa que, de no mediar asesoría legal, eso no sería posible. Esto habla a las claras de un avasallamiento de los derechos por parte de los responsables de turno y un acto de total falta a los principios que deben defender.

Para la entidad sindical, este hecho no se trata más que del uso de los recursos, tanto económicos como estructurales, del Estado para pretender criminalizar el reclamo social y socavar los derechos constitucionales que tienen los trabajadores.