La Asociación Trabajadores del Estado exigió a la intendenta de Allen, Liliana Martin, que anule de inmediato la contratación de funcionarios con cargos políticos que, además, fueron denunciados por abuso de autoridad y violencia de género.
Las contrataciones fueron realizadas con sueldos de categorías superiores a la 22, las más altas. Se trata de personas que llegaron a la gestión con la intendenta Martin y que a partir del 10 de diciembre deberían irse porque cumplen tareas técnico-políticas.
La contratación como paso previo al pase a planta permanente de estos funcionarios desequilibra las cuentas públicas de la municipalidad, poniendo en riesgo el pago de salarios, futuros acuerdos salariales y la estabilidad laboral del personal de carrera.
“Martin incurre en el uso excesivo de este tipo de contrataciones a quienes, además, le ha mantenido de forma grosera sus sueldos. Estos funcionarios buscan la estabilidad del empleo público fraudulentamente como contratados”, dijo Carolina Suárez, secretaria general de ATE Allen.
Entre los funcionarios se encuentran Adrián Iribarne, denunciado en reiteradas oportunidades por maltrato psicológico y verbal a empleados y comerciantes. Eduardo Velázquez, ex Secretario de Servicios Públicos, que en medio de un conflicto gremial con trabajadores arrojó basura en barrios perjudicando a los vecinos y ordenó a personal contratado a trabajar sin ninguna medida de seguridad. Marcelo Side, ex funcionario de varias áreas y cuya tarea actual se desconoce. Dora Enriqueta, a cargo de Maestranza, denunciada por maltrato.
“Que los funcionarios jerárquicos con sueldos ostentosos que buscan quedarse cumplan con el ejercicio de su función hasta el fin del periodo de mandato, con la misión de preservar la imparcialidad en la toma de decisiones y prevenir posibles hechos, sabiendo que muchos de los empleados municipales se encuentran contratados con categorías establecidas dentro del estatuto municipal”, señaló Yoanna Moncada, referente del sector.