Una vez aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley que modifica el Impuesto a las Ganancias, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma manifiesta que, si bien resta camino por recorrer para que este injusto tributo al trabajo sea eliminado, con esta media sanción se produce un avance importante que beneficia a cientos de miles de trabajadores y jubilados.
«La media sanción lograda no sólo beneficia a trabajadores y jubilados, sino que pone en debate quiénes deben sostener el funcionamiento del Estado: si los que menos tienen como hasta ahora, o los grupos económicos concentrados», concluyó Aguiar.
La Central Sindical critica la postura del Gobernador Alberto Weretilneck en relación a este impuesto, considerando que el primer mandatario de la provincia defiende los intereses que tienen las mega-empresas mineras, el juego y los bancos, sin tomar en consideración la afectación que este tipo de gravámenes produce sobre los trabajadores y el pueblo en general.
Es poco serio que el Gobernador difunda supuestos montos en los que la provincia sería afectada (900 millones de pesos) sin hacer un análisis minucioso del impacto de la reforma y sobre todo no reconocer que las nuevas fuentes de financiación del tributo -cobrar el impuesto a las máquinas tragamonedas – restablecer retenciones a la minería, gravar los plazo fijos de más de 1,5 millón de pesos, el capital improductivo y las operaciones de dólar futuro- compensan aquello que dejarán de pagar los trabajadores.
Por otro lado, la CTA Autónoma exige a Miguel Ángel Pichetto estar a la altura de las circunstancias en el Senado para el tratamiento de esta ley y evitar ser vergüenza nacional, cuestión que sucedería si el mencionado no apoya la norma tal y como fue girada por la Cámara Baja. Es que no sólo se trata de una ley que se traducirá en mejoras para los trabajadores, sino también de un debate ideológico acerca de qué sectores económicos son los que más deben aportar al régimen impositivo del país.
Por último, la Central cuestionó a aquellos sectores políticos que se escudan detrás de la supuesta gobernabilidad o defensa de los recursos coparticipables de las provincias, para intentar impedir que el esfuerzo y sacrificio lo dejen de hacer la clase trabajadora y los jubilados y comiencen a aportar los grupos económicos concentrados que se han beneficiado en la Argentina.