Los referentes rionegrinos expusieron sobre el preocupante incremento de la judicialización de la protesta social en la provincia de Río Negro y también mantuvieron una audiencia con la Diputada Nacional y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Victoria Donda Pérez.
«Este proyecto debe convertirse en ley. Es la única manera de garantizar el derecho a la participación popular en la vía pública y a la protesta social. Necesitamos una norma que evite la criminalización de estos actos», señaló el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar y completó: «Hemos expuesto sobre las causas armadas contra los trabajadores en nuestra provincia y la existencia de una porción importante del poder judicial completamente subordinado a los poderes ejecutivos Nacional y Provincial».
Se entrevistaron con la Diputada Victoria Donda y presentaron un informe sobre el crecimiento de la judicialización en Río Negro
Entre los fundamentos de la iniciativa parlamentaria se señala que la criminalización de la protesta social es una práctica que se ha arraigado en el accionar cotidiano de algunos Magistrados, Fiscales así como de los diferentes gobiernos de la Nación, Provincias y Municipios que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad, sometiendo a procesos judiciales a trabajadores y dirigentes por ejercer su legítimo derecho de peticionar a las autoridades.
Ante el incremento de la protesta social y la utilización de los procedimientos mencionados anteriormente -que persiguen el inocultable propósito de amedrentar y disciplinar a los actores sociales con el fin de acallar sus reclamos– en momentos en que la situación hace crisis con la Desaparición Forzada de Santiago Maldonado, es que hoy más que nunca resulta ineludible el tratamiento de este Anteproyecto.
El anteproyecto de ley –tal como sostiene en su artículo primero- tiene por finalidad garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización.
Seguidamente, la propuesta de normativa dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social, de derechos humanos, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de salud, de educación, de justicia, de género e identidad sexual a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión.
