«Luego de haber sido encarcelados por motivos políticos, esta es una buena oportunidad para nacionalizar la grave violación de garantías constitucionales que existe en nuestra provincia a partir de la actuación de fiscales como Puntel o de jueces como Mussi. El país debe conocer que en Río Negro se arman causas contra los trabajadores y se archivan en tiempo record las denuncias que involucran a políticos, policías y poderosos empresarios», anticipó el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar.
«Esta audiencia pública en el Congreso nos permitirá dar a conocer un informe preciso sobre el alarmante crecimiento de la judicialización de la protesta en todo el territorio. El anteproyecto de ley obliga a los jueces y magistrados a sobreseer y levantar todo procesamiento en curso contra dirigentes sindicales, sociales y trabajadores por protestar», completó el dirigente rionegrino.
También se entrevistarán con la Diputada Victoria Donda, Presidenta de la Comisión de DDHH y presentarán un informe sobre el crecimiento de la judicialización en la provincia.
La criminalización de la protesta social es una práctica que se ha arraigado en el accionar cotidiano de algunos Magistrados, Fiscales así como de los diferentes gobiernos de la Nación, Provincias y Municipios que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad, sometiendo a procesos judiciales a trabajadores y dirigentes por ejercer su legítimo derecho de peticionar a las autoridades.
Ante el incremento de la protesta social y la utilización de los procedimientos mencionados anteriormente -que persiguen el inocultable propósito de amedrentar y disciplinar a los actores sociales con el fin de acallar sus reclamos– en momentos en que la situación hace crisis con la Desaparición Forzada de Santiago Maldonado, es que hoy más que nunca resulta ineludible el tratamiento de este Anteproyecto.
Además de Aguiar, Capretti y otros dirigentes procesados, de esta importante actividad participarán distintos organismos de Derechos Humanos, como Liberpueblo, Memoria Verdad y Justicia y la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, además de otros Diputados Nacionales.
El anteproyecto de ley –tal como sostiene en su artículo primero- tiene por finalidad garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización.
Seguidamente, la propuesta de normativa dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social, de derechos humanos, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de salud, de educación, de justicia, de género e identidad sexual a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión.
