A raíz de las reuniones de público conocimiento que se están llevando adelante entre el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria (SENASA), organismos vinculados a la producción patagónica y los ministerios de Agricultura provinciales con la finalidad de fortalecer las barreras zoofitosanitarias en la región, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se denuncia el grave intento de privatizar todos estos controles en la región.
«Quieren volver a desviar fondos hacia una empresa privada disfrazada de fundación. Acá el único problema es que las barreras recaudan millones que se van para Buenos Aires y no regresan para garantizar el funcionamiento pleno de los controles zoofitosanitarios. La decisión de privatizar implicaría un retroceso institucional de magnitud», advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
«La tan promocionada exportación de carne a Japón es en gran parte también un logro de los trabajadores del SENASA. Su vocación de servicio y el sacrificio de trabajar aún bajo pésimas condiciones, permitieron el reconocimiento de todas las auditorías internacionales y la apertura de nuevos mercados para los productos de la región», señaló el dirigente.
«No vamos a permitir que se retroceda. La ley lo permite, el Estado rionegrino tiene toda la capacidad técnica y ahora debe mostrar la voluntad política de hacerse cargo de esto», agregó Rodolfo Aguiar.
El sindicato anticipó su rechazo total al posible retorno de la «nefasta» Fundación Barreras Patagónicas (FUNBAPA) al Estado. Así lo definieron las distintas asambleas de técnicos y profesionales realizadas en la últimas horas, recordando los malísimos antecedentes de la fundación, como su pésimo manejo administrativo o gestión poco transparente, que desembocaron en varias denuncias públicas de corrupción.
Los trabajadores proponen que sea el Estado provincial a través de la creación de una subsecretaría o fideicomiso el que asuma la responsabilidad sobre los más se 14 puestos de control, y garantice las condiciones laborales y los equipos e insumos necesarios para un correcto y eficiente funcionamiento.
Es que Río Negro resulta ser la provincia más beneficiada por las barreras y el buen trabajo de los empleados del SENASA fue ratificado por todas las auditorías internacionales (Japón, México, Chile, EE.UU. y Europa) y además permitió el reconocimiento internacional como «zona libre de aftosa sin vacunación» o «libre de moscas de los frutos».
Todo esto permitió el mejoramiento de las comercializaciones, la ampliación y apertura de nuevos mercados internacionales.
Cualquier otra alternativa implicaría un retroceso institucional de magnitud, ya que se trata de funciones que se encontraban en mano privadas y fueron recuperadas por el Estado Nacional, debiendo haber sido siempre indelegables.
El desvío de recursos que se intenta hacer hacia la FUNBAPA es de 86 millones de pesos correspondientes a las recaudaciones de las cajas, dinero que hoy se remite al nivel central a Buenos Aires y no retorna para sostener controles de calidad.
ATE señaló que hará lo que esté a su alcance y llevará adelante todas las medidas de fuerza que sean necesarias para garantizar la continuidad de la gestión pública bajo el lema «Nunca más la FUNBAPA en el Estado».
Cabe destacar que son 220 los trabajadores de las barreras entre administrativos, personal de mantenimiento, técnicos y asistentes informáticos, y que la mayoría de ellos (80%) cumple funciones en Río Negro.
Por último, desde el sindicato se aseguró que actualmente son 332 los entes sanitarios inscriptos en el país que cumplen con los requisitos para poder intervenir, y que la normativa vigente permite que también sean los organismos estatales los que puedan realizar esa gestión.
