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martes 16 julio 2019
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Roca | Hoy ATE pedirá constituirse como querellante en el caso de estafa al IPROSS 

Hoy a las 11 ATE Río Negro se presentará en los Tribunales de General Roca y solicitará ante el fiscal Gastón Britos Rubiolo que se tenga al sindicato como querellante en la causa que investiga la multimillonaria estafa al IPROSS, estimada en 100 millones de pesos.

Rodolfo Aguiar, en calidad de secretario general de ATE, y Ailén Roca, como asesora legal, fundamentarán el pedido en el nuevo Código Procesal Penal, cuyo artículo 55 habilita a las organizaciones que posean un interés legítimo en alguna causa a constituirse en querellantes. 

«Hemos adoptado esta importante decisión luego de analizar que la mayoría de los casos de corrupción o estafa en el Estado siempre quedan impunes. Aquí se robaron plata del pueblo y de los trabajadores. Deben ir todos presos», señaló Rodolfo Aguiar.

Las víctimas en el hecho que se investiga son, por un lado, trabajadores activos y jubilados dependientes del Estado provincial y los municipios, afiliados todos a la obra social estatal, sobre quienes ATE posee representación de sus intereses individuales y colectivos. 

Así lo establece el artículo 3 del estatuto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), pero también el 31 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. “Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores”, señala el texto.

“Se vuelve aún más importante la participación de ATE como querellante, luego de que fuera duramente cuestionado por la Defensa de los imputados el pedido que hizo la Fiscalía de Estado respecto a que se lo tenga como querellante en la causa, toda vez que habría funcionarios públicos involucrados con los farmacéuticos acusados de estafa”, señaló Ailén Roca, abogada de ATE.

ATE explica que es víctima, asimismo, como integrante de la Administración Pública en el Consejo de la Función Pública, en su Comisión General Técnica Ejecutiva, en el Directorio del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y, desde mayo, en el Consejo de Administración del IPROSS.

Días atrás se confirmó la compra de una determinada cantidad de remedios, siempre menor a la facturada a la obra social del Estado, por lo que se analiza también la actuación de funcionarios públicos.

En el escandaloso legajo número MPF-RO-02833-2019, caratulado “Yop Marcelo Miguel C/ NN S/ Defraudación a la Administración”, están imputados por ahora los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró, Rodolfo Mastandrea y Marianela Guidi; la ex propietaria de una farmacia Marcela Gil; la esposa de Caffaratti, Cecilia Balladini; y la exauditora del Colegio de Farmacéuticos, Sandra Fasano.




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