“Este decreto es un disparate, ya que se hace recaer en los hombros de los trabajadores una responsabilidad civil y penal que no les corresponde. Desde ATE vamos a presentar una revocatoria para anular el decreto”, señaló Omar Orellana, secretario de comunicación de ATE.
El dirigente, también indicó que es irónico que en esta declaración jurada se omita voluntariamente el art 207 del código penal, que es el que establece las penas que corresponden a los funcionarios públicos, que en todo caso, también debieran firmar la declaración: Carreras y todos sus ministros y funcionarios del gobierno provincial.
Para ATE la redacción del Decreto provincial no constituye un beneficio para la población en el marco de la pandemia, sino que demanda al trabajador que firme bajo juramento algo que es imposible de establecer, como saber si se tiene o no COVID-19.
