Luego de conocidas las sentencias que recayeron sobre el exjuez Juan Bernardi y Julio Antueque en uno de los delitos más aberrantes que se recuerden y que conmovió a toda la provincia, desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro se cuestiona el débil fallo de la Justicia sobre Bernardi y se reprocha lafalta de coraje de los magistrados para avanzar sobre los responsables políticos que permitieron y facilitaron tales aberrantes hechos.
«Se trata de un delito muy grave que conmovió a toda la provincia y la Justicia, con estas sentencias, no ha brindado las respuestas que esperaban los rionegrinos. La condena a Bernardi es absolutamente insuficiente y las responsabilidades políticas siguen sin ser investigadas», señaló el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar y remarcó: «Los jueces y fiscales continúan cumpliendo con la regla de no investigar a los funcionarios mientras estos están en funciones. La ley no es igual para todos en Río Negro».
Acusado inicialmente por corrupción de menores y facilitación de la prostitución, pero condenado finalmente por promoción de la corrupción de menores, Bernardi resultó altamente beneficiado. Sobre quien fuera juez pudo caer una pena de hasta diez años por corrupción de menores y una condena similar por facilitación de la prostitución.
Paralelamente, desde la Central se advierte la falta total de compromiso de la Justicia para avanzar en la investigación y juzgamiento de las responsabilidades políticasque necesariamente existieron y permitieron generar el escenario propicio para que los delitos pudieran ser cometidos.
Cabe recordar que las niñas que resultaron gravemente ultrajadas se encontraban en ese momento alojadas en dependencias del Estado provincial, específicamente bajo programas destinados a la protección y contención de las personas en riesgo de vulnerabilidad social, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Paralelamente cabe cuestionar la actitud del Poder Ejecutivo a cargo de Alberto Weretilneck que, desde el comienzo, minimizó los delitos para tratar de deslindar la responsabilidad política y penal que involucran a los altos funcionarios de su gestión.
En tal sentido, desde la Central Sindical, en más de una oportunidad se reclamó al Poder Judicial que cite al Ministro Ricardo Arroyo por entender que la desidia por éste demostrada generó el escenario propicio para que estos delitos pudieran consumarse. El mismo contaba con los recursos económicos y con las herramientas de gestión necesarias para que los delitos no se consumaran.
Que las niñas víctimas del grave delito estuvieran bajo la tutela y custodia del Estado, residiendo en uno de los hogares proteccionales de la cartera de Desarrollo Social, ponen en cabeza del referido funcionario, una clara responsabilidad política y penal.
Se debe recordar que incluso, Arroyo mintió a todos los rionegrinos, cuando sostuvo que él había sido quien había impulsado la denuncia en la Justicia y que al poco tiempo esto fue desmentido por el Fiscal de la causa.
