Luego de la presentación voluntaria ante la Justicia Provincial de los dirigentes Ariel Leguizamón y Miguel Báez, a raíz de los hechos que desencadenaron la represión policial en la Legislatura durante el tratamiento del denominado Plan Castello, el Fiscal Juan Pedro Puntel violentando derechos esenciales solicitó su detención, bajo el único pretexto de realizar medidas procesales que, con total normalidad, se podrían llevar a cabo sin su encierro.
«A esta altura Puntel más que un fiscal, parece un ministro del Gobierno. Ha iniciado una cacería de sindicalistas en la provincia imputando delitos introducidos en el Código Penal por las dictaduras militares. También nos preocupa el aval permanente del Juez Carlos Mussi a los delirios de Puntel. Creemos que el sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo alcanza su máxima expresión en este momento en la provincia», declaró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma exigen la inmediata libertad de sus dirigentes y denuncian un comportamiento completamente irregular y un extraño sometimiento al Poder Ejecutivo del Fiscal Puntel, ya que éste muestra saña en su accionar y se aleja de la búsqueda de la verdad siendo completamente funcional al poder político.
El fiscal Puntel opera por orden del Gobierno y el Juez Mussi avala la constante vulneración de garantías constitucionales
Por otro lado, preocupa a estas entidades gremiales el aval permanente que muestra el Juez Mussi a los recurrentes disparates del Ministerio Público, sosteniendo imputaciones sin respaldo probatorio suficiente, utilizando de manera abusiva el instituto de la privación de la libertad y afectando el principio de inocencia de todos los ciudadanos.
A esta altura queda demostrado el carácter exclusivamente político de esta causa y la permanente intromisión de los funcionarios del Gobierno Provincial.
Desde la CTA se evalúa llevar adelante una medida de fuerza en las próximas horas en demanda de la inmediata libertad de Leguizamón y Baez y el desprocesamiento de todos los dirigentes sindicales y sociales de Río Negro.
