Los efectos de la huelga tendrán distinta intensidad: no habrá atención en la sede regional de General Roca y reducirán sus horarios las oficinas locales y aeropuertos.
Además, cerrarán los galpones de empaque y los resguardos fitoosanitarios de Villa Regina y Centenario. Se debilitarán de esta manera los controles de frutas y destinos de exportación. Las barreras fitozoosanitarias sólo revisarán cargas específicas y no cobrarán los cánones de paso.
“Son muchos los reclamos que tenemos, a partir de promesas del presidente del organismo, Mario Negri, que no se cumplieron. El más importante, tal vez por el contexto de la crisis, sea que no puede haber trabajadores del Estado nacional por debajo de la línea de pobreza. Es inmoral”, manifestó el secretario general electo de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente.
El dirigente hace referencia los trabajadores con contrato “1109” o tercerizados en FunBaPa con sueldos de 25 mil pesos de bolsillo. Mientras el Gobierno nacional mantiene congelado su ingreso, emplea agentes externos sin experiencia con remuneraciones mucho más altas.
“Los trabajadores patagónicos estamos en inferioridad de condiciones: Quienes trabajamos en SENASA cobramos un adicional por zona de alrededor el 20% del básico, cuando de mínima debiera ser del doble”, precisó Matías Miquélez, delegado de ATE.
A las demandas se suma una insólita injusticia naturalizada: los trabajadores que por años estuvieron contratados de manera irregular y ahora pasan a planta permanente pierden derechos salariales, grados y vacaciones.
“Muchos de nuestros compañeros con diez años de servicios no quieren ingresar a la planta permanente porque pierden la antigüedad, vacaciones y grados. En algunos casos estamos hablando de 15 mil pesos”, agregó Miquélez.
Ése había sido uno de los reclamos que el presidente Negri asumió con mayor compromiso para revertir.