Las diferencias y las internas entre los propios funcionarios del Gobierno provincial, hicieron que se frustrara el principio de acuerdo al que habían arribado el Ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli, y los desocupados de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma enrolados en ODEL, razón esta que determinó la continuidad de la ocupación de todas las oficinas de la delegación de esa cartera de Gobierno en la ciudad de General Roca.
La encargada de aportar las soluciones era la representante del Ejecutivo provincial Mónica Caminos, pero aún en presencia del fiscal Romero quien intentó actuar como intermediario en representación de la justicia, negó contención y asistencia a todas las familias en situación de extrema pobreza, abandono y vulnerabilidad social.
«Para comprar votos hay vagones y camiones llenos de mercadería, pero para parar con el hambre real de cientos de familias indigentes el Estado está completamente ausente. Acá si no sos familiar o allegado a algún ministro o diputada, quedas excluido de cualquier programa de contención o asistencia» cuestionó severamente Miguel Báez, referente de la Organización de Desocupados En Lucha (ODEL) y remarcó: «Hasta la justicia pudo comprobar que las internas propias que tiene el Gobierno en este momento afectan a los más necesitados. Las necesidades nuestras son ahora. No podemos esperar a ver quien triunfa en la lucha de egos que se ha desatado entre Lastra, Di Giáccomo y Palmieri».
Lo más grave es que las autoridades judiciales pudieron constatar la existencia de colchones, frazadas y módulos alimentarios a punto de vencerse depositados en una habitación de la delegación, cuestión esta que evidenció discriminación, discrecionalidad y falta de criterio profesional en la cobertura social del Gobierno. La CTA y ODEL cumplieron con el compromiso asumido en presencia de la justicia y mostraron su voluntad de levantar los bloqueos, pero el Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Desarrollo Social incumplió con su palabra, generando mayor perjuicio e incertidumbre para todas las familias.
Para la central obrera la desidia de los funcionarios, la perversa utilización de los recursos económicos y la ayuda social, solamente destinada a la compra de voluntades u Organizaciones No Gubernamentales de Familiares y allegados al Gobierno, está poniendo en riesgo en este momento la vida de miles de humildes rionegrinas y rionegrinos.
