Es que esta normativa es fundamental en la garantía de los Derechos Indígenas y de no prorrogarse perderá vigencia en noviembre de este año. El plazo que establece la prórroga es hasta el 23 de noviembre del 2021.
Cabe recordar que tras una larga lucha de los pueblos originarios, la Ley 26.160 fue sancionada en noviembre de 2006 con el objetivo principal de declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena por el término de cuatro años, suspender los desalojos por el plazo de la emergencia y disponer la realización de un relevamiento técnico-jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas, lo que fue visto como un avance en la defensa de los territorios.
Esta normativa es fundamental en la garantía de los Derechos Indígenas y de no prorrogarse perderá vigencia en noviembre de este año
«Para nuestra Central Obrera es indispensable no solo la prórroga sino el cumplimiento real de la Ley 26.160, para frenar de una buena vez el avasallamiento constate sobre los pueblos preexistentes», señaló Manuel Hermida, Secretario Adjunto de la CTA Río Negro y completó: «Algunos senadores nos informaron que la Comisión Especial de Pueblos Indígenas estuvo trabajando para incorporar este punto en el orden del día de sesión que comienza a las 14 horas. Esperamos que los senadores están a la altura de la circunstancias y se hagan eco del reclamos de tantas organizaciones sociales y políticas y prorroguen la ley que impide los desalojos».