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jueves 2 mayo 2024
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ATE protestó en los Juzgados Federales en Roca y presentó pedidos de exención de prisión para Aguiar

ATE protestó en los Juzgados Federales en Roca y presentó pedidos de exención de prisión para Aguiar
Desde media mañana, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro protestó en el Juzgado Federal ubicado en España 1690 de General Roca, contra la judicialización de la protesta y en rechazo de los dos pedidos de captura que pesan desde ayer a la tarde sobre el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar. Durante la protesta, el Equipo Jurídico del Sindicato presentó sendos pedidos de exención de prisión para el dirigente que, se espera, sean respondidos en el transcurso del día.


Está más que clara la injusticia del pedido de detención de Aguiar y la arbitrariedad del juez Hugo Greca, puesta de manifiesto en los expedientes que llevan por número 7587 y 8838.En primer lugar se debe remarcar que los dirigentes de ATE siempre estuvieron ajustados a derecho. Sobre las fechas de audiencia, se debe señalar que, de común acuerdo -el Sindicato y el Juzgado- resolvieron reprogramar una primera audiencia para el día 5 de mayo pasado. Rodolfo Aguiar y la representante legal, Ailén Roca, aceptaron tal fecha ya que no se contraponía con ninguna otra obligación. Sin embargo, tal como consta en la resolución del Juzgado, a partir de un compromiso propio de Juez que debía realizar tareas de subrogancia en otra localidad -de manera arbitraria y unilateral- se resolvió postergar la fecha para el 8 de mayo. No obstante, en dicha fecha, por razones laborales Aguiar no se encontraría en la localidad y como prueba de ello presentó comprobante de los tickets de avión y demás documentación. Sin embargo, aun sabiendo de la imposibilidad del dirigente de asistir a la audiencia y habiendo recibido justificativo real y concreto, el Juez persistió en su decisión.
 
La entidad sindical demandó el cese de la judicialización de la protesta social y sindical

La segunda irregularidad presente en el caso se da por la valoración política que Hugo Greca realiza. Como también consta en el pedido de captura, el juez realiza un análisis sobre otras causas que se cursan sobre el Secretario General de ATE Río Negro. Según él, Aguiar tendría un comportamiento evasivo de la Justicia. Algo que no sólo es mentira sino que además deja entrever la intencional política de disciplinar al máximo referente de los estatales de la provincia. 

Finalmente, la tercera falta en la que cae el Juez está dada por un hecho por demás llamativo y cuestionable. Hace diez días duermen sobre su escritorio notificaciones de distintos sobreseimientos para Aguiar en otras causas. Sin embargo, por un claro ensañamiento personal sobre el dirigente y la entidad sindical, Greca las retiene sin motivo.

«El Juez Hugo Greca tiene que dar explicaciones a todos los rionegrinos sobre sus actitudes irregulares y la intencionalidad política que persigue. No sólo cambia de fecha una audiencia de manera arbitraria, donde estaba claro que nuestro Secretario General no podría estar, sino que además ejerce un trato desigual y hasta discriminatorio sobre nuestro dirigente. A otros imputados les permiten cambiar de fecha de audiencia hasta tres veces, pero en este caso no», enfatizó Aldo Capretti, Secretario Adjunto de ATE Río Negro y completó: «Es increíble que este Juez tenga que notificarnos de distintos sobreseimientos por causas armadas en nuestra contra, pero en lugar de eso las retiene para evitar que la gente se entere». 
 

Cabe recordar que -por esta acción de persecución judicial, gremial, ideológica y política sin precedentes en la provincia- el Juez solicitó la captura de Rodolfo Aguiar y notificó a la Policía Federal Argentina (PFA) a los organismos de colaboración entre fuerzas (red ISOPRO) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).  
 
Los hechos que se investigan están vinculados a las protestas realizadas por trabajadores municipales sobre Ruta Nacional 151 en Contralmirante Cordero el año pasado y se lo acusa a Aguiar de obstruir la libre prestación de los servicios públicos, delito contemplado en el artículo 194 del código penal.



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