Por otro lado, el Gremio señala que el presidente del Instituto Provincial del Seguro de Salud, Claudio Di Tella no puede hablar de una red paralela o alternativa de prestaciones y menos aún mencionar como posibles prestadores a los hospitales, ya que la crisis que atraviesa el Sistema Sanitario público en Río Negro es aguda y ni siquiera puede resolver las demandas normales y habituales de la población sin cobertura.
«Este nuevo corte de prestaciones no debe sorprender a nadie, porque el Gobierno ha puesto al zorro a cuidar el gallinero. Este enfrentamiento con las clínicas es una puesta en escena. Los trabajadores estamos siendo rehenes de una pésima gestión y de los inescrupulosos intereses económicos de las corporaciones médicas«, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.
«Que Di Tella hable de una red prestacional paralela es mentirle descaradamente a los rionegrinos. Solo aplicando el sentido común nos damos cuenta que los hospitales no pueden resolver ni siquiera la demanda normal y habitual de la población», señaló Aguiar y reclamó: «Hay que decir la verdad. Esto se soluciona dando autonomía y democratizando la obra social. Hasta que no se elija un Directorio por el voto directo de los afiliados, el Ipross seguirá siendo utilizado por los políticos. Hoy es el propio Gobierno quien desfinancia a la obra social».
La entidad sindical sospecha que la pelea entre las autoridades del Ipross y los representantes de las clínicas y sanatorios solo sea una puesta en escena, ya que el Gobernador Alberto Weretilneck ha mostrado permanente cercanía y fuertes vínculos con el sector privado de la salud, colocando al frente de la obra social como Presidente a un exitoso empresario del ramo, que siempre formó parte del grupo de presión que se quedó con gran parte de los recursos económicos del Ipross y del Pami.
Desde ATE se alertó también sobre el comportamiento abusivo e inmoral de la Federación de Clínicas de Río Negro (FECLIR) ya que permanentemente incumplen con las obligaciones que contraen y a pesar de cobrar mediante un sistema de cápitas, no aseguran una atención de calidad en tiempo oportuno, subprestando servicios y asegurándose porcentajes de ganancias mensuales inmorales.
El Gobierno desfinancia y usa los fondos del Ipross para gastos corrientes
El Sindicato manifiesta que el propio Gobierno es el principal responsable de los recurrentes cortes de servicios y achique de prestaciones.
Por un lado porque es el principal evasor y no aporta a la obra social de acuerdo a los salarios reales que paga mensualmente, ya que el 60% de la estructura de los ingresos de los empleados públicos en la provincia está “en negro” y compuesta por sumas no remunerativas. Tampoco aporta por los becados.
Además, el Poder Ejecutivo se ha negado sistemáticamente a dotar de autonomía política y autarquía financiera a la obra social, determinando que todos los aportes de los trabajadores vayan a parar a rentas generales y sean utilizados con otras finalidades distintas a las que le dan origen.
