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miércoles 17 enero 2018
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CTA Río Negro repudia represión en Neuquén y agresión al Diputado Raúl Godoy

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro manifiesta su profundo repudio al desalojo y la salvaje represión lanzadas por el Grupo Especial (GEOP) de la policía provincial de Neuquén sobre los trabajadores de la maderera MAM que se encontraban protestando dentro de la fábrica en reclamo de sus fuentes laborales.

En horas de la madrugada las fuerzas policiales ingresaron a la planta, sin orden judicial en mano ni preaviso, y pese a que se encontraban presentes autoridades provinciales, como el Diputado Provincial Raúl Godoy (FIT) avanzaron impunemente, lanzaron gases lacrimógenos y disparos a espaldas de los manifestantes.

Como saldo de la represión cinco trabajadores fueron detenidos (luego fueron liberados), otros quedaron con heridas de distinta consideración y, tal como señala el parte de la Guardia del Hospital Castro Rendón de la capital neuquina, el legislador Godoy quedó con una fractura de peroné.

“Hace más de cinco meses que los trabajadores de la maderera vienen reclamando una reunión con el Gobierno de la provincia de Neuquén, pero como respuesta tienen gases lacrimógenos y balas de goma”, cuestionó Manuel Hermida, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Río Negro y adelantó: “Se vienen tiempos difíciles para los trabajadores, debemos estar más unidos y organizados que nunca para hacer frente a esta oleada neoliberal, represiva y violenta”.

“Es altamente repudiable la forma de resolver los conflictos que están desarrollando los gobiernos nacional y provinciales. Estos conflictos laborales son tema de los organismos de Trabajo, no de la Justicia, ni mucho menos de la policía que resuelve todo con balas”, completó Zulma Dávila, desde la CTA Fisque Menuco y agregó: “Expresamos nuestra completa solidaridad con los compañeros de Neuquén y con el diputado Raúl Godoy del Frente de Izquierda”.
 
Cabe recordar que la maderera MAM cerró sus puertas el 3 de julio pasado -aduciendo una crisis a partir de la suba de los servicios de electricidad- y dejó en la calle a 94 familias, entre despidos y suspensiones. Luego de un tiempo de protestas, la empresa ofreció pagar solo el 75 por ciento de la indemnización de ley en tres cuotas, oferta rechazada por la amplia mayoría de los trabajadores.

Desde entonces los trabajadores piden una reunión con el Gobierno provincial de Omar Gutiérrez para que intervengan los organismos reguladores del empleo. Demanda que ha sido desatendida en todo momento con argumentos falaces.

Está claro que, en el proceso de creciente flexibilización laboral que se vive en el país, se inventó una situación de crisis en esta empresa. El Gobierno, la Justicia y la Policía, además de un Sindicato patronal, se confabulan para dejar a familias en la calle, violando todas las garantías constitucionales.




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