Rosario Angélica Troncoso, quien ahora será reincorporada, es además Delegada Sindical de ATE por lo que la medida llevada adelante por el Ejecutivo se constituía una clara demostración de la persecución sindical desatada sobre los trabajadores y trabajadoras que reclaman por sus derechos en el Municipio que conduce el Intendente Mariano Lavín. Vale la pena recordar que en la guardería el año pasado se llevaron adelante protestas demandando mejoras salariales y el pase a planta permanente, tras lo cual se efectuaron los despidos.
«Estamos sumamente satisfechos con esta resolución. Hay veces que la Justicia se pronuncia en defensa de los intereses y derechos los trabajadores y trabajadoras y tenemos que destacarlo», manifestó Esterea González, Secretaria General de ATE Seccional Allen y completó: «Como hemos hecho siempre, desde ATE seguiremos defendiendo y organizando a los trabajadores y trabajadoras contra los atropellos de la patronal. Esto es una muestra clara que la ley está de nuestro lado. Estamos haciendo recorridas y asambleas en todos los sectores».
«Este fallo judicial pone punto final al debate respecto a la estabilidad laboral del Delegado Sindical contratado», señalo la Abogada de ATE Ailén Roca, explicando que la Municipalidad venía sosteniendo que la estabilidad laboral de Angélica Troncoso no existía porque estaba contratada y no tenia prevalencia la tutela sindical. Sin embargo, la abogada detalló que «en este sentido, el Tribunal entendió que la estabilidad otorgada por la tutela sindical prevalece sobre la estabilidad laboral generada por un contrato con plazo determinado, de manera que sienta un precedente en este sentido para el resto de los Delegados Sindicales».
De esta manera, el Tribunal hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó la consecuente reinstalación de Angélica Troncoso, en un plazo perentorio de cinco días de notificada la Municipalidad de Fernández Oro, en el puesto de trabajo que ocupaba hasta el 31 de enero del presente año.
Cabe destacar que dentro de los argumentos se señaló que resulta indiscutible que los trabajadores que se desempeñan en algún organismo estatal se encuentran amparados por las normas de rango superior referidas a la libertad sindical y -en particular- las relativas a la postulación para cargos de representación sindical y el correlativo derecho a elegir a los propios representantes sindicales; a la par que tutelados por las normas que sancionan los actos y conductas discriminatorias.
Así, deviene inadmisible suponer que el Estado en su rol de empleador se encuentra relevado del respeto a las disposiciones constitucionales e internacionales que garantizan la libertad sindical y la representación sindical y que prohíben los actos o conductas discriminatorias y que tutelan la dignidad de la persona que trabaja.
