La Cámara de Apelaciones Federal con asiento en General Roca dejó sin efecto la sentencia que obligaba a Mónica Sepúlveda, afiliada a la Asociación Trabajadores/as del Estado (ATE) de Río Negro, a indemnizar a seis accionistas del Diario Río Negro con una suma actualizada en alrededor de 300 mil pesos.
Sepúlveda ocupaba un puesto de Coordinación en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la ANSES de la ciudad de General Roca y enfrentó un juicio impulsado por empleados del matutino regional, acusándola de Daño Moral por haber revelado presuntamente en público sus salarios.
Un pronunciamiento en sede penal sobreseyó a la trabajadora del Estado porque entendió que la clave de acceso la computadora desde la que salió esa información no era de uso exclusivo de la damnificada.
No satisfechos, los accionistas le iniciaron otra demanda por Daños y Perjuicios a la que dio lugar el Juez Federal Hugo Greca, quien condenó a Sepúlveda a pagar 35 mil pesos más intereses. De esta manera, se le trabó un embargo preventivo del salario, fue desplazada de su puesto y hostigada por sus superiores en ANSES.
“Greca entendió que Sepúlveda había actuado con indiligencia”, explica Ailén Roca, abogada de ATE. “Pero como esta figura ni siquiera fue objeto de la demanda, nosotros apelamos su fallo. El accionar del juez es gravísimo”.
Así llegó a manos de la Cámara de Apelaciones la causa sobre la que sus miembros declararon la falta del “principio de congruencia” y deja sin efecto la sentencia de Greca.
A partir de ahora, ATE exigirá la reinstalación de Sepúlveda en su puesto.
Sepúlveda ocupaba un puesto de Coordinación en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la ANSES de la ciudad de General Roca y enfrentó un juicio impulsado por empleados del matutino regional, acusándola de Daño Moral por haber revelado presuntamente en público sus salarios.
Un pronunciamiento en sede penal sobreseyó a la trabajadora del Estado porque entendió que la clave de acceso la computadora desde la que salió esa información no era de uso exclusivo de la damnificada.
No satisfechos, los accionistas le iniciaron otra demanda por Daños y Perjuicios a la que dio lugar el Juez Federal Hugo Greca, quien condenó a Sepúlveda a pagar 35 mil pesos más intereses. De esta manera, se le trabó un embargo preventivo del salario, fue desplazada de su puesto y hostigada por sus superiores en ANSES.
“Greca entendió que Sepúlveda había actuado con indiligencia”, explica Ailén Roca, abogada de ATE. “Pero como esta figura ni siquiera fue objeto de la demanda, nosotros apelamos su fallo. El accionar del juez es gravísimo”.
Así llegó a manos de la Cámara de Apelaciones la causa sobre la que sus miembros declararon la falta del “principio de congruencia” y deja sin efecto la sentencia de Greca.
A partir de ahora, ATE exigirá la reinstalación de Sepúlveda en su puesto.
